El periódico MILENIO tuvo acceso a una demanda elaborada por un consorcio de cinco firmas, descubierta por la Auditoría Superior del Estado, contra la administración del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.
A raíz de la cancelación del acueducto Monterrey VI, el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón dejó a la actual administración con una demanda por 75 millones de pesos. Debido a esta decisión, el consorcio Aquos Promotora de Infraestructura, SAPI de CV, ha exigido desde 2018 a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey el pago por tal cantidad, como indemnización por daño moral, pago de gastos, y costes por cancelación del contrato celebrado para la realización del proyecto hidráulico; informó MILENIO.
La Auditoría Superior del Estado obtuvo conocimiento de la demanda hasta la revisión de cuenta pública de 2018. Esto, debido a que la administración pasada la mantuvo oculta. El equipo de MILENIO revisó el documento que se remitió en febrero 26 de 2021 al Congreso del Estado, donde se difundió la petición de indemnización del consorcio de las empresas mexicanas Concretos y Obra Civil del Pacífico (filial de Grupo Higa), Controladora de Operaciones de Infraestructura (filial de ICA), Desarrollos Rogar, Recsa Construcción, y Productos y Estructura de Concreto.
Consigue consorcio fallo a favor
El consorcio consiguió el fallo a favor para la construcción del acueducto que canceló «El Bronco» en abril de 2017. Cita el medio:
«En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46 (Fracción I, inciso F), 47, 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, a continuación se describen los pasivos contingentes revelados en la Nota 27 por la Institución al 31 de diciembre de 2018:
«I. La Compañía Aquos Promotora de Infraestructura, SAPI de CV, correspondiente a la cancelación del contrato que se celebró con la Institución para llevar a cabo el Acueducto Monterrey VI. Sin embargo, dicha obra fue suspendida, por lo tanto, la demandante le exige a la Institución el pago de 75 millones de pesos como indemnización por daño moral, pago de gastos y costas», versa la cuenta pública.
De acuerdo con la administración de Agua y Drenaje, de la mano con sus asesores legales, existen elementos suficientes para que la demanda tenga un resultado favorable para la paraestatal. Por consecuencia, y en referencia al marco normativo publicado por los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas (Conac), no habría elementos para el registro de una provisión en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2018; informó MILENIO.
«A la fecha de emisión de los estados financieros, la institución (AyD) tiene en proceso algunas demandas por daños y perjuicios. La más importante se describe a continuación: I. La Compañía Aquos Promotora de Infraestructura, SAPI de CV, correspondiente a la cancelación del contrato que se celebró con la Institución para llevar a cabo el Acueducto Monterrey VI», se lee en la revisión de la cuenta pública.
Niegan ofrecer información
El medio consultó a las respectivas partes sobre la demanda. Pero ni el gobierno del estado ni Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey aceptaron dar información sobre el tema. Tampoco accedieron a brindar información o dar entrevistas ni Glen Villarreal, titular de Comunicación Social del gobierno estatal, ni Alejandro Silva, jefe de prensa del Ejecutivo, a pesar de la insistencia para entablar una entrevista con la Consejería Jurídica.
Con información de MILENIO.
