Por José Francisco Villarreal
Las comedias públicas de la revocación de mandato y la reforma eléctrica son un fastidio. Uno tiene que rebuscar entre la escasa información real que se difunde en este tiroteo de ligaligazos, y no hay mucho de dónde elegir. Hay por ejemplo la certeza de un instrumento legal para reconsiderar la permanencia de un presidente, que a la vez implica una calificación a su mandato. Pero ejercer el derecho de votar en la revocación es una lata pateada. Votar contra el presidente, con convicción y razón, es casi imposible. Los detractores que darían mayor peso a esos votos no tienen argumentos propios; sus más queridas certezas nacen fobias partidistas (irracionales siempre) y de inquinas creadas en medio de esta guerra civil de escupitajos que padecemos.
Existe la otra opción: votar a favor del presidente. ¡Lo mismo atrás que en ancas! De nuevo el voto consciente, razonado, es ajeno a los alcances y a la información de la gran mayoría de los que voten. O votan por votar contra los que votan en contra, o votan por simpatía. En ambos casos, la revocación de mandato deja de ser un instrumento de la democracia para acabar siendo tan democrático como un certamen de Miss Universo. Más peor: ante la convocatoria para una revocación de mandato, votar a favor del presidente es perceptiblemente lo mismo que no votar, la ausencia de voto es ya un voto a favor. Por pura practicidad, el que votó a favor del presidente durante las elecciones, no verá necesario volver a hacerlo a menos, claro, que haya cambiado de opinión.
Para complicar más este criterio, una revocación de mandato, debería convocar sólo a quienes votaron a favor del presidente en las elecciones. Los otros, ya se sabe, votarían invariablemente en contra de él y ya están contabilizados (sería un voto doble, injusto). Pero como el voto es secreto, pues el universo de arrepentidos sería difícil de cuantificar. Y para resumir las cuentas, la figura de revocación de mandato alude por si misma a la captación de votos para revocar al funcionario no para confirmarlo. Su confirmación en el cargo debería ser un resultado indirecto, de otra forma se convierte en una simple encuesta de popularidad. Este es un vicio legislativo de origen en el que comprometen al elector torciendo el sentido real de su voto.
La gran mayoría de los medios han sido repetidores de cualquier género y especie de negación a todo lo que provenga del régimen, especialmente del presidente, incluyendo los buenos días y el vade in pace. La intensa campaña (y no es la primera vez que lo afirmo) es contraproducente, porque acaba por fastidiar al “respetable” al grado de ponerla en duda. No hay voto razonable en esta revocación de mandato sino una turba furiosa y turbia eligiendo a la flor más bella del ejido.
En otra esquina de este multilátero, está la reforma eléctrica. La política energética del régimen puede ser cuestionable. Pero los argumentos contra el dominio de empresas privadas en la generación de energía son innegables. España es el mejor ejemplo de lo que sucede cuando un país deja que empresarios meten cuñas en las leyes para garantizar sus negocios y ganancias. En México, los precios de la energía eléctrica para el consumidor prioritario (el doméstico) no son bajos, pero en comparación con la incertidumbre que viven los españoles, nosotros estamos en el Paraíso. Para cualquier hijo de vecino, lo único claro es que debe haber una reforma eléctrica urgente, porque la vigente, la de Peña Nieto, fue una farsa, avalada además por los partidos que hoy se oponen a esta nueva reforma. Y por supuesto, viendo lo que pasa en España con Iberdrola y otras multinacionales, lo menos que pediríamos es que esas empresas fueran vetadas en México.
Juan y Juana Pérez tampoco entienden mucho de energías limpias. No entiendo a defensores de medio ambiente que ensalzan esos enormes y pulcros papalotes. Saben que también generan contaminación y destruyen de muchas maneras a sistemas ecológicos y agrícolas. En España se inventó un método generador de electricidad eólica muy interesante: un pivote ensartado en la tierra; no gira, sólo vibra con el aire, venga de donde venga y a cualquier velocidad. Pero parece que así como don Andrés se aferra a la extracción de petróleo, en España los capos de la electricidad se aferran a sus horrendos y devastadores papalotes. Y esos capos hispanos quieren recetarnos la misma pócima venenosa a través de sus testaferros políticos pastoreados por el activismo truculento de algunos empresarios. Urge, sí, una reforma eléctrica, pero no al precio de comprometer la soberanía de México sobre sus recursos, de los que la energía eléctrica sólo es uno de los muchos que se verían afectados. Un factor adicional en esta batahola energética es la guerra en Ucrania y el casi embargo ruso de energéticos. Estados Unidos no puede garantizar el abasto de petróleo y gas a la Unión Europea; los árabes le dieron la espalda. México, hoy menos que nunca, puede desestimar la explotación de ese recurso. Sucio, sí, pero estratégico.
Y hablando de enchiladas, hasta en memes se han cotorreado al gobernador García por un artículo en la nueva Nueva Constitución. En efecto, en la fracción VII del Artículo 85 está esa facultad del Ejecutivo para sancionar a quien le falte al respeto o no le obedezca. Pero la fracción del artículo ya existe y está vigente; además está limitada por otro, el Artículo 25. No se trata de un delito sino de una infracción. No fue idea del gobernador García y sería una mala idea quitar ambas fracciones. Lo que sí pueden hacer los diputados locales disfrazados de constitucionales, es precisar qué acciones o actitudes son falta de respeto, porque una cosa es que el gobernador se sienta ofendido, y otra que sea una ofensa decirle la verdad, así esté bordada con una primorosa mentada de madre (la indignación anda por extraños caminos). Además, hay que determinar a quién puede dar órdenes un gobernador, porque el pueblo no tiene por qué obedecerle una orden directa; lo hacemos a través de leyes y reglamentos que llevan implícitas sanciones al desobediente. En todo caso, habría que añadir un artículo más en donde se contemplen sanciones para un gobernador que falte el respeto al pueblo y desobedezca su mandato, y aquí sí sería muy claro cuándo y cómo se cometen esas infracciones.
Por supuesto, estas precisiones deben ser materia legislativa. Pero con este congreso, no esperemos gran cosa. Así que en lugar de meter el respeto y la obediencia hacia el gobernador en el debate, habrá que revisar más meticulosamente la nueva Nueva Constitución. Estoy seguro que la trampa está en otra parte.
