Ante el tarifazo no autorizado por el Gobierno del Estado, el Congreso local buscarán tramitar una serie de amparos en contra de las rutas urbanas de pasajeros que incrementaron el costo del servicio.
Lorena de la Garza Venecia, diputada local del PRI y presidenta de la Comisión de Movilidad, dijo que el objetivo es que los usuarios paguen lo que establece la ley.
Lo anterior lo manifestó al acudir al Instituto de Movilidad a pedir un informe detallado de las acciones emprendidas por las autoridades en contra de las líneas que aumentaron las tarifas.
La legisladora del PRI sostuvo que en el 2018 tramitaron varios amparos contra el tarifazo que pretendía implementar el ex gobernador Jaime Rodríguez, por lo que confía ganarlos nuevamente.
«Creo que vamos a estar en una situación tensa y vemos que ya hay peleas porque la gente está enojada por algo que no debe ser, lo tengo que pagar porque si no, no me sube, hay que irnos al amparo, sí, eso lo tenemos que preparar y lo hemos hecho en el pasado que en el 2018 y desde el PRI hicimos este proceso con los usuarios de transporte para ampararnos en contra del transporte», dijo.
«Ahorita lo tenemos que volver a hacer, ya nos dieron la razón jurídica en el pasado, no tengo duda de que otra vez se nos va a conceder, pero es otra vez de lo que dice el usuario, ‘a ver en lo que amparo y el proceso judicial pues yo como quiera le voy a seguir pagando sino no me sube’, nosotros vamos a tramitar esa defensa jurídica», manifestó.
De la Garza Venecia, exigió al gobierno Estatal hacer todo lo conducente para frenar lo que consideró un abuso por parte de los empresarios.
«En el 2018 ya pusimos amparos colectivos por el incremento y se ganaron en ese entonces y tiene que ser colectivo ahora», añadió.
Asimismo, pidió que se revisara a todas las unidades, para hacer cumplir el precio establecido por la ley.
Para poder cumplir con eso, la priísta dijo que los municipios pueden colaborar con los agentes de tránsito.
Cabe destacar que en la actualidad, el Instituto de Movilidad cuenta solamente con 70 inspectores para revisar más de 2 mil unidades.
«Es momento de que pidan apoyo de los alcaldes, en el transcurso de hoy y mañana (tramitaremos los amparos), el proyecto ya está listo, para que les digan a los prestadores de servicio que no pueden estar cobrando esta tarifa.
«Es un tema que se puede llevar a una demanda de carácter penal y entonces hay que hacer ese estudio técnico y nos digan que vamos a tomar»; manifestó.