Bancadas del PRI y del PAN en el Congreso de Nuevo león coincidieron en objetivos, aunque no en métodos, para abordar el tema de la movilidad urbana y de la crisis que provocaron los transportistas al parar en servicio durante unas horas.
La bancada del Partido Acción Nacional solicita acciones legales a fin de sancionar a los concesionarios y/o permisionarios que afectaron a miles de usuarios y provocaron pérdidas económicas por el paro camionero realizado el pasado lunes 29 de abril.
La diputada del PAN, Claudia Caballero Chávez explicó en tribuna la posición de su bancada
“Además de que resulta una manera desventajosa para el usuario, consideramos que, ante este tipo de actos desconcertantes, debe aplicarse todo el rigor de la ley para evitar que algo así vuelva a repetirse y que se convierta en un modus operandi, contra los más perjudicados como lo son cada uno de los ciudadanos que hacen uso diariamente de este servicio”. Por esta razón “Es que se hace este exhorto al Ejecutivo del Estado, para que se lleven a cabo las acciones legales conducentes para quienes afectaron y provocaron caos y pérdidas, por dejar de prestar los servicios de acuerdo a sus concesiones de transporte público, afectando la seguridad y la economía de los usuarios”.
Por otra parte, la fracción del PRI presentó iniciativa de reforma a la Ley del Transporte y Movilidad Sustentable del Estado para que la designación del Presidente y Director del Consejo Estatal del Transporte sea ratificada por mayoría calificada del Congreso.
Francisco Cienfuegos Martínez, coordinador de la bancada dijo que dentro de las propuestas también se contempla que el Presidente del Consejo pueda ser removido ante la falta de convocatoria del organismo.
“Se propone que el Presidente, que sea propuesto por el Titular del Ejecutivo y ratificado por el Congreso del Estado por las dos terceras de los integrantes, de conformidad al siguiente procedimiento: la aprobación se hará, previa comparecencia de la persona propuesta, por el voto secreto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, en caso de ser rechazada a la persona propuesta el Poder Ejecutivo propondrá, en un plazo de diez días naturales a otra persona”.
Añadió que el objetivo de esta iniciativa es la de evitar que la ciudadanía se vea afectada ante un futuro paro de labores.
“A fin de evitar nuevos paros en el transporte público y como un ‘incentivo’ para que los concesionarios lo piensen dos veces, modificamos los artículos 63 y 84 para que se ordene el depósito de una fianza de 600 mil pesos, misma que será utilizada, para el caso de que existiera un paro del transporte y enfrentar la crisis de movilidad, lo anterior va aunado a que se inhabilitará de concursar hasta por 25 años al concesionario que no otorgue el servicio”. “En el artículo 84 se agrega como causa de terminación de la concesión: la suspensión o interrupción del servicio de transporte. La requisa como medida de seguridad también se podrá realizar cuando se suspenda el servicio de transporte público, lo anterior se propone en el artículo 102”.
