Por Félix Cortés Camarillo
Bien poco de nuevo aporta el informe “provisional” del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, dado a conocer el jueves pasado sobre el llamado caso Ayotzinapa de la desaparición y muerte de 43 alumnos de una escuela normal rural de Guerrero el 26 de septiembre de 2014. Se van a cumplir ocho años de aquello. Sobre lo que sí arroja luces es sobre las deficiencias del nuevo sistema de procedimientos penales vigente en México.
Jesús “M” se le llama a una persona detenida a raíz de las conclusiones del informe y en las pocas imágenes oficiales difundidas se le coloca una cintilla negra sobre sus ojos. Como si no supiéramos que se llama Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, o no fuésemos capaces de identificarlo.
Pero eso es pecado menor. El señor Encinas de pasadita dio a conocer que la detención de Murillo Karam se sustenta en las declaraciones de dos de los llamados “testigos protegidos” -indigna aportación del nuevo sistema acusatorio- que no son otra cosa que delincuentes probadamente culpables de un delito, pero dispuestos a acusar a quien la autoridad quiera, de lo que se quiera, con tal de ser objetos de benevolencia en sus propios juicios. El mismo Subsecretario reveló que en febrero 15 y 16 de este año el Gobierno mexicano mantuvo en Tel Aviv, Israel, entrevistas formales con el prófugo Tomás Zerón, acusado de torturar a los presuntos culpables del asesinato de los jóvenes, para ofrecer a este presunto delincuente el privilegio de esa “calidad” jurídica. Zerón rechazó el ofrecimiento de la cuarta simulación.
Hay otras cosas a tomar en cuenta. Al menos treinta testigos clave de las desapariciones y asesinatos han muerto desde entonces. Catorce eran miembros de la banda delictiva Guerreros Unidos, que al confundir a los muchachos con integrantes de la banda rival de Los Rojos, también narcotraficantes, habrían ordenado su ejecución. Tres eran sus familiares.
Hay mucho lodo todavía por extraer del caso Ayotzinapa.
Pero a la cuarta simulación le urgía cerrar el caso; de ahí el informe Encinas. Voy a tratar de resumir sus principales conclusiones.
Fue un crimen de Estado. Autoridades municipales, estatales y federales fueron omisas y negligentes al más alto nivel, y se presume que alteraron los hechos para forjar una conclusión falsa. Los estudiantes jamás pretendieron boicotear el informe de la esposa del alcalde de Iguala, al frente del DIF. Los delincuentes actuaron mediante tres grupos de sicarios con apoyo de policías. Los estudiantes nunca se comunicaron con los narcotraficantes. La policía de iguala detuvo a los estudiantes de uno de los autobuses que los transportaban. La de Huitzuco participó también. Julio César López Patolzin, uno de los jóvenes muertos, era en realidad un soldado en activo que estaba inscrito como alumno de la normal Isidro Burgos para espiar e informar al Ejército de las actividades de sus compañeros, al lado de los que desapareció y murió sin que el Ejército hiciera nada por localizarlo y rescatarlo. Al filo de las 22.45 horas del 26 de septiembre se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Es necesario continuar con la búsqueda de los restos en la ribera del río Balsas, la laguna del nuevo Balsas, Atzcala, municipios de Eduardo Neri y Tepecoacuilco, Barranca de Tonalapa, inmediaciones de Tepeguaje, Brecha de Lobos, y el paraje Suriana en Iguala. Llama la atención la precisión con la que se establece la hora en que se dio la orden fatal y el detalle de los sitios donde pueden estar los restos.
Pero eso es aparte.
Aquí lo importante es que todo lo arriba escrito formó parte esencialmente de la llamada verdad histórica que el informe Encinas pretende invalidar y que motiva la cárcel de Murillo Karam. Todos los mexicanos ya sabíamos todo lo expuesto. Todo, excepción hecha del enunciado explícito de que fue un crimen de Estado. La indiscutible participación física de diferentes actores de gobierno así indicaban. La omisión de altos niveles de mando en el conocimiento de los hechos se asume hoy definitiva, por tanto, configura un crimen de Estado.
La pregunta es, ¿qué tan alto es lo alto y qué tan amplio es el Estado? ¿Se queda en Abarca, el alcalde de Iguala, llega al entonces gobernador Ángel Rivero, a Osorio Chong que era secretario de Gobernación, a Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa, o al mismo presidente Peña Nieto? Acaso ¿es Murillo Karam suficiente como chivo expiatorio. Al que todavía tienen que probarle algo?
El señor Encinas no ha dado respuesta a esas interrogantes. Tienen mucha importancia.
PILÓN PARA LA MAÑANERA (porque no me dejan entrar sin tapabocas): con todo respeto, señor presidente: ya está en el bote Murillo Karam acusado de secuestro, tortura y mala administración de la justicia. Los primeros dos delitos son casi imposibles de probar en este caso, y el tercero encontrará camino tortuoso. Pero eso es tarea de su fiscal Gertz.
Ya está en libertad Rosario Robles, implicada a la mala y perseguida a lo peor por su implicación en el escándalo de las ligas de Bejarano y los billetes para la campaña de Usted. Ya todos los medios están en eso. ¿Cree que se nos van a olvidar los diez mineros de Coahuila?
Yo me temo que sí, que ya se nos olvidaron. Ansina semos.
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