El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, informó que dicha dependencia concentra, hasta el momento, 63 denuncias en contra del senador Ricardo Monreal por la comisión de posibles delitos electorales.
En entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, el fiscal electoral confirmó que las denuncias en contra de Monreal Ávila son tanto anónimas, como de representantes de partidos políticos, en este caso del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática.
La mayoría de las quejas están relacionadas con un hecho registrado el pasado fin de semana en la ciudad de Aguascalientes, cuando el legislador federal ofreció recursos públicos a electores a cambio de obtener apoyo para su candidato a la presidencia municipal de dicha demarcación.
Descarta influencia de vínculo ideológico
Ortiz Pinchetti aseguró que se revisarán todos los recursos presentados y que la autoridad procederá conforme a lo que establezca la ley. Cuestionado sobre su amistad con el legislador federal, el fiscal electoral dijo que lo personal y la empatía ideológica no tiene espacio en cuanto a la procuración de justicia compete, por lo que garantizó su compromiso en sancionar conductas que intervengan con el correcto desarrollo de los procesos electorales.
«Procede que nos pongamos a revisarlas y que nos olvidemos del vínculo ideológico. Vamos a afrontar estas denuncias con absoluta equidad y ética impecable. Existe independencia absoluta y vamos a demostrarlo, vamos a dar la respuesta que corresponda. Aunque seamos amigos, de todas maneras, actuaremos de manera impecable, sino cuál es el cambio, donde está la Cuarta Transformación».
Ricardo Monreal fue exhibido durante un mitin del candidato de Morena a la presidencia municipal de Aguascalientes, Arturo Ávila, en donde prometió a ciudadanos hacerles llegar más presupuesto desde el Congreso de la Unión si en la próxima elección dan su confianza al movimiento que representa. Dicho intercambio desató una serie de señalamientos en cuanto a si el ofrecimiento puede considerarse como una dádiva de recursos públicos o un caso de coacción del voto.
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