El gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, vetó por segunda ocasión La Ley de Hacienda con la que el Congreso pretendía nombrar al titular de la SAT de Nuevo León.
La Constitución de Nuevo León en su Artículo 90, en su segundo párrafo señala que si el Ejecutivo veta una reforma y el Congreso con 28 votos lo vuelve a aprobar, el gobernador en un plazo máximo de 10 días naturales lo debe publicar obligatoriamente, pero no fue así.
Todo inició el pasado 24 de noviembre cuando el mandatario estatal decidió vetar la Ley de Hacienda argumentando que la reforma, aprobada por los diputados locales el 7 de noviembre, implica una invasión de poderes y genera falta de certidumbre en el proceso de elección del titular de la SAT.
Las observaciones del ejecutivo fueron turnadas a la comisión solo que estas fueron rechazadas y se volvió a aprobar la ley por mayoría.
Samuel García Sepúlveda, gobernador del Estado de Nuevo León, en vez de publicar lo avalado presentó ante el Congreso del Estado observaciones por segunda ocasión contra el Decreto Núm. 263.
«Nos sorprende una vez más que el gobernador insista en violar la Constitución del Estado que él mismo impulsó, el artículo 90 constitucional en su segundo párrafo es muy claro, sí el Ejecutivo veta una reforma, el Congreso con 28 votos lo vuelve a aprobar, y el Ejecutivo en un plazo máximo de 10 días naturales lo debe publicar, dicho plazo venció el 19 de diciembre, y ahora, como sino existiera éste numeral 90, y peor aún, bajo una figura jurídica inexistente, lo veta otra vez».
«Respetuosamente creemos que el gobernador Samuel García debe cambiar de estrategia, porque esto raya en la incongruencia de él que tiene título de doctor y experiencia como legislador», señaló el diputado Mauro Guerra Villarreal, Presidente del Congreso del Estado.
El Decreto Número 263 fue vetado por el Gobernador el 7 de noviembre de 2022, y el Pleno del Congreso rechazó las observaciones, aprobándolo nuevamente el 7 de diciembre, remitiéndose al Ejecutivo el día 9 de diciembre.
La reforma en cuestión es la que tiene por objeto que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado cuente con una Subsecretaria de Administración Tributaria, cuyo titular sea designado por el Congreso del Estado a propuesta del Gobernador.
«El documento remitido por el Gobernador ya está en análisis por la Dirección Jurídica de este Poder Legislativo Estatal para que se determine el mecanismo jurídico que obligue al Ejecutivo, otra vez, que publique el decreto emanado por este Congreso», finalizó el diputado Mauro Guerra Villarreal.
