Por Carlos Chavarría.
Cuando el gobierno federal expropió las industria petrolera, eléctrica y telefónica, lo hicieron porque la circunstancia histórica obligaba a redefinir la concepción de lo estratégico.
El gobierno federal creó las instituciones para hacerse cargo de tan importantes industrias y servicios y a pesar de tanto esfuerzo el resultado ha sido variopinto. La CFE, PEMEX y TELMEX, por muchos años continuaron las operaciones, hubo abasto, pero a unos costos muy elevados que han significado atraso económico y cuellos de botella para todo el país.
Sin ánimo de especular, podemos imaginarnos qué hubieran respondido los concesionarios de aquellas industrias si el gobierno les hubiera propuesto quedarse con todos los ingresos, las ventas, consolidarlas para luego el propio gobierno pagarles por los litros de gasolina, los kilowatts, y las llamadas telefónicas atendidas. Mientras los concesionarios se quedaran con todas las operaciones y activos.
Tal propuesta equivale a que el gobierno se quedará con el producto del trabajo de todos los mexicanos para luego encargarse de proveerle a cada uno “según sus reglas”.
Pues así están las cosas en Nuevo León. Pretextando que las tarifas del transporte público no deben ser aumentadas, se les acaba de ocurrir, otra ocurrencia, que lo mejor sería violar el Artículo 5/o de la Carta Magna, expropiando todos los ingresos del sistema de transporte público de personas para luego ser el propio gobierno del estado el que, de acuerdo a las reglas que se les acaban de ocurrir, pagarle a cada concesionario lo que los burócratas asuman como el valor de su justa remuneración.
Veamos la evolución del asunto. Por 4 años los burócratas manipularon a la opinión pública y violaron la Ley de Transporte en todos los órdenes, no sólo el económico. Requisaron la Ecovía y no funcionó como estrategia.
La presión del sistema aumentó y su primera ocurrencia es comprarles las empresas concesionarias para que sea el propio gobierno el que se haga cargo del servicio. Evaluaron los montos de inversión en 4,900 millones de pesos, cuando en realidad son más de 30,000 y hasta ahí llego la compra.
Luego se les ocurrió expropiar las empresas y requisar todo el sistema. Se metieron a los ángulos legales de la medida y de nuevo a los económicos y pues se baja el cero y no contiene. Archívese.
Ahora salen con algo muy creativo, quedarse con todos los ingresos del sistema de transporte e inventaron unas reglas a modo, así como si no existieran la Constitución, las leyes, el Congreso, así como si el asunto fuera administrativo, así de fácil, para ser ellos mismos, los burócratas del gobierno los que se encarguen de pagarle a cada concesionario sus servicios.
Todo el problema de la tarifa surge por no querer respetar la ley misma. Tan simple que es dejar trabajar a todas las instancias y aparatos legales para que se llegue a la conclusión que sea pero dentro de la ley.
Si la inflación en el transporte ya no existe, entonces el precio no debe revisarse. Si habiendo inflación hay un grupo de usuarios que estuvieran en la imposibilidad de afrontar ese costo, entonces deberían ser sujetos de un programa específico de subvenciones para ellos.
Si el estado no dispone de recursos para subsidiar a ningún grupo de usuarios y si además la zona geográfica de la metrópoli donde estos demandan el servicio no puede ser atendida a menores costos de los actuales, entonces el estado debe convocar a nuevos inversionistas para operar el servicio donde los concesionarios no puedan o quieran hacerlo.
Si habiendo convocado públicamente no se presentan interesados en invertir con propuestas rentables socialmente, entonces el estado deberá considerar en sus presupuestas ocuparse por sí mismo del servicio de transporte. Algo así como lo que le pasó al gobierno federal con la refinería de Dos Bocas.
¿Para qué enredar tanto un asunto tan simple y mantenerlo vivo en la agenda cotidiana del gobierno con propuestas cada vez más absurdas? Al final, tal y como paso con la extinta Ruta 100, con el sistema de Chihuahua, el de Querétaro, el de Sonora, el de Curitiba, el de Singapur, el de Seúl, etc., donde tuvieron las mismas ocurrencias que el de Nuevo León, o subsidian a los pasajeros o tendrán que aumentar las tarifas como lo diga la ley y sus órganos deliberativos.
