La Ley de Responsabilidades Administrativas es ya una realidad en Nuevo León ya que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado y está en vigor.
La normativa se contempla la inhabilitación definitiva para poder desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público para aquellos que caigan en actos de corrupción. Pero también obliga a la declaración “3de3” a proveedores de bienes y servicios que pretendan brindarlos a entes públicos.
Esta ley desde su aprobación por el Congreso del Estado de inmediato causo polémica entre la Iniciativa Privada quien alegó que se estaban violando sus derechos. La razón es que la ley obliga a los proveedores de las entidades gubernamentales a publicar la declaración “3de3”. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó estar de acuerdo con la normativa, al apuntar que la corrupción viene de dos partes, no solamente de un funcionario sino también de un empresario.
La publicación del decreto 144 consta de 92 páginas, el ordenamiento consta de 229 artículos y seis transitorios.
La nueva Ley establece como obligatoria la declaración “3de3” para todos los servidores públicos, personas físicas o morales -extendiéndola a socios, accionistas, propietarios y representantes legales de éstas- que sean contratados por cualquier ente público.
También contempla un sistema de verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales presentadas para que se revise el que no tengan un enriquecimiento inexplicable por el desempeño de su cargo, y establece medios de defensa adecuados para los imputados, así como revisiones patrimoniales aleatorias para detectar enriquecimientos ilícitos.
Además, contempla la “muerte civil” para los servidores públicos y particulares que incurran en actos de corrupción.
La publicación, que corresponde al ejemplar 70, publicado el 7 de junio pero que no se había difundido en el portal de internet del Periódico Oficial.
