El gobierno del presidente hondureño Juan Orlando Hernández se ha visto envuelto en diversas polémicas, desde el cuestionamiento a su reelección, hasta las denuncias sobre la represión a opositores y las protestas contra dos decretos en los sectores salud y educación.
La reelección de Hernández, tras los comicios de noviembre de 2017, quedó en entredicho luego de los cambios aplicados a la Constitución para legalizar la búsqueda de un segundo mandato. Las numerosas protestas callejeras no se dejaron esperar, luego que Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura y quien encabezaba la intención de voto, denunció irregularidades en el conteo de sufragios.
Ante las acusaciones de fraude, el régimen de Hernández respondió con el uso de la fuerza para acallar las voces opositoras. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) estimó que entre el 26 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017, 30 personas fueron ejecutadas, 232 heridas y mil 85 detenidas como resultado de la represión policial a las manifestaciones.
Mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó la muerte de un policía y de 22 civiles, 16 de estos últimos a causa de los disparos realizados por las fuerzas de seguridad.
A pesar de las denuncias de fraude del candidato opositor y las numerosas protestas de los hondureños, Hernández asumió para un segundo mandato en enero de 2018.
A las dudas sobre la legitimidad del gobierno de Hernández se sumaron las acusaciones en su contra por presuntos casos de represión, criminalización de miembros de la oposición y líderes sociales, ataques a la libertad de expresión y corrupción.
Una misión de la Red de Solidaridad con Honduras de Norteamérica advirtió sobre la crisis política en el país centroamericano, tras realizar una visita en abril pasado para documentar las denuncias contra Hernández, de acuerdo con el diario digital hondureño Criterio. El grupo, integrado por representantes de Estados Unidos y Canadá, la Alianza por la Justicia Global, la Voz de los de Abajo, Code Pink y Acción Permanente por la Paz, visitó varias zonas de Honduras.
Además, la Red de Solidaridad manifestó su preocupación por las amenazas de muerte y la violencia política contra grupos campesinos y miembros de la Central Nacional de Trabajadores del Campo.
La crisis política se agudizó a finales de abril pasado, cuando maestros, estudiantes y médicos protagonizaron una serie de protestas contra dos decretos del gobierno que pretendían crear sendas comisiones de Transformación del Sistema Nacional de Salud y de la Secretaría de Educación.
De acuerdo con el Colegio Médico de Honduras, dichos decretos buscaban “la descentralización y la privatización del derecho a la salud y la educación, así como la pérdida de la estabilidad laboral de los trabajadores de estos sectores”. Miles de hondureños salieron a las calles para protestar contra el proyecto de Hernández, mientras que el gobierno ordenó reprimir las manifestaciones.
Aunque el gobierno de Honduras decidió finalmente derogar los decretos que afectaban a los sectores educativo y sanitario, así como establecer mesas de diálogo, las protestas continuaron en el país.
El 21 de junio pasado, miembros de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación realizaron cierres de calles en importantes ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.
A las protestas de los médicos y los maestros, que exigen mejorar los servicios de salud y la educación en Honduras, se sumaron el mes pasado los transportistas, que provocaron un desabasto de gasolina en Tegucigalpa.
Aunque las manifestaciones en Honduras han cesado en el último mes, la pobreza, la violencia, la persecución de líderes sociales y la corrupción generan un clima de inestabilidad que puede volver a estallar en cualquier momento.
