Por Valeria Riaño / IAQuemada
La narrativa de la mandataria intenta separar dos planos que políticamente son inseparables: eficacia operativa y responsabilidad gubernamental. Campos Galván afirma que “en ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción”, pero simultáneamente reivindica el operativo como prueba de que su administración combate frontalmente al crimen organizado. El problema político y administrativo es evidente: si el operativo representa uno de los mayores aseguramientos recientes de drogas y precursores en la entidad, resulta difícil sostener que el Ejecutivo estatal desconocía elementos sensibles de coordinación en una acción de tal dimensión.
La contradicción se profundiza cuando la propia Fiscalía vinculada al caso reconoce la existencia de reuniones entre extranjeros y mandos ministeriales estatales dentro de instalaciones oficiales. La gobernadora pretende reducir el conflicto a un debate partidista entre Morena y el PAN, pero el núcleo del problema es otro: la trazabilidad institucional del uso de inteligencia, cooperación o presencia extranjera en operaciones de seguridad pública dentro del territorio mexicano.
En términos discursivos, Campos optó por un mecanismo clásico de desplazamiento narrativo: responder a cuestionamientos constitucionales con comparaciones políticas. Su referencia al caso de Rubén Rocha Moya busca trasladar el debate desde la soberanía y la legalidad hacia la disputa partidista sobre quién tiene mayores vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, el señalamiento contra otros gobiernos no responde la interrogante principal: ¿existió o no una actuación de agentes extranjeros fuera de los mecanismos formales del Estado mexicano?
La defensa de la gobernadora contiene además una fractura administrativa delicada. Si realmente desconocía la presencia de extranjeros en una operación de esa magnitud, el problema no desaparece: cambia de nombre. Ya no sería una eventual responsabilidad política por autorización, sino una crisis de control institucional dentro de su propio aparato de seguridad. La dicotomía planteada por Ariadna Montiel —“si no sabía, es ineptitud; si sabía, debe explicarlo”— simplifica el debate, pero toca un punto políticamente sensible: la erosión de la autoridad vertical del Ejecutivo estatal sobre sus estructuras operativas.
La gobernadora también incurre en una tensión discursiva frecuente en sectores de la oposición mexicana contemporánea: reivindicar el combate frontal al crimen organizado mientras relativiza los costos políticos de la cooperación extraterritorial. En otras palabras, el discurso de seguridad intenta colocarse por encima del debate soberanista. Pero en México, por razones históricas y constitucionales, la presencia de agentes extranjeros no es un detalle técnico: es un detonador político.
Ahí radica el error estratégico de Campos. Intentó convertir una discusión jurídica y constitucional en una disputa moral contra Morena. El resultado ha sido el contrario: mientras más insiste en presentarse como víctima de persecución política, más se amplifica la pregunta sobre los niveles reales de conocimiento, coordinación y autorización dentro de su gobierno.
La mandataria asegura que “no hay nada que esconder”. Sin embargo, la opacidad inicial, la negativa a comparecer ante el Congreso y las versiones encontradas entre el discurso político y los hallazgos ministeriales han terminado alimentando exactamente lo contrario: incertidumbre institucional.
El problema de fondo para Chihuahua no es únicamente la confrontación entre el PAN y Morena. El problema es que la gobernadora ha quedado atrapada en una zona políticamente inestable: quiere adjudicarse el éxito del operativo, pero sin asumir plenamente las responsabilidades derivadas de cómo se ejecutó.
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