Un juez de distrito en Matamoros, Tamaulipas, habría dejado en libertad a al menos 24 policías locales, quienes habían sido procesados por su posible participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Aunque de manera oficial no se informó sobre el número de policías liberados, medios nacionales reportaron que son de 21 a 24 oficiales que trabajaban en los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes.
La Fiscalía General de la República informó que el Juez otorgó la libertad a los policías locales vinculados con el caso después de que le negara a la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa la ampliación del plazo para cumplir con la aplicación de los protocolos de Estambul.
“El Juez de distrito en Matamoros dio un plazo de 10 días naturales para el cumplimiento de los protocolos de Estambul a lo que la Fiscalía de Ayotzinapa le solicitó la ampliación del plazo para tal cumplimiento […] a todo lo anterior el Juez de distrito se negó otorgando la libertad a los policías locales procesados”.
Por ello, dijo que como Ministerio Público Federal presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias necesarias “para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones y asimismo, para generar las acciones que puedan iniciarse al margen de la sentencia a la que ya se ha hecho mención”.
Otras irregularidades en los procesos
La Fiscalía recordó que desde que ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes, la indagatoria del caso fue descalificada de forma permanente, llamada como la ‘verdad histórica’ que fue la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre los hechos delictivos referidos, y que fue impugnada por peritos y expertos internacionales.
Además, señaló que, desde el 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia de amparo para reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones.
Asimismo, se tenían que determinar las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados; crear una comisión de ciudadanos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la entonces Procuraduría General de la República para cumplir con las funciones de investigación y persecución de los delitos.
Frente a dicha situación, la Fiscalía destacó el trabajo de la Comisión para la Verdad que fue creada en enero de 2019 y comandada por el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que también cuenta con la participación de los familiares de víctimas.
“Desde el principio de la presente administración de la Fiscalía General de la República […] iniciaron la búsqueda de un nuevo fiscal independiente y autónomo para Ayotzinapa; y fue hasta el 26 de junio de este año que se nombró a Omar Gómez Trejo; defensor de derechos humanos con una amplia experiencia en el caso, quien aceptó la invitación apoyado por familiares de las víctimas”.
El pasado 4 de septiembre el subsecretario Encinas advirtió sobre la liberación de personas implicadas en el caso debido a que se acreditó una serie de violaciones al debido proceso, la integridad personal y a la libertad; se detectaron detenciones ilegales, tortura, incomunicación y violaciones a derechos humanos.
La liberación de los policías municipales se suma a la de Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los líderes del cártel de Guerreros Unidos.
Fotografía: Cuartoscuro
