El Tribunal Supremo de España aprobó la exhumación de Francisco Franco de su monumental mausoleo en las afueras de Madrid. De esta manera, se avaló la decisión del gobierno socialdemócrata de Pedro Sánchez (PSOE) en tanto que negó que sus restos sean trasladados a La Almudena, como lo pedía la familia.
Tras validarse que se retiren los restos del dictador del Valle de los Caídos, se avaló la decisión gubernamental de reinhumarlos junto a su esposa en el discreto cementerio de El Pardo.
La exhumación no será inmediata
Los seis magistrados de la más alta instancia judicial del país decidieron, este martes, 24 de septiembre, aprobar por unanimidad la exhumación de Francisco Franco.
No obstante, la exhumación no será inmediata pues el mismo tribunal tiene otros tres recursos pendientes por resolver, pero se prevé que el fallo sea “en la misma línea”.
Desde junio de 2018, el socialdemócrata Pedro Sánchez convirtió en una de las prioridades de su mandato la exhumación de los restos del dictador.
Ello, con el fin de que el conocido como Valle de los Caídos dejara de ser un lugar de enaltecimiento del franquismo.
Franco mandó a construir el monumento
Cuando murió, en 1975, Franco fue enterrado en la basílica del Valle de los Caídos, un monumento que él mismo mandó construir durante la dictadura.
Según expertos, hay 114 mil víctimas de la guerra civil y los primeros años de la dictadura posterior siguen enterradas en 2 mil 500 fosas comunes repartidas por todo el país, la mayoría de ellas sin identificar.
Se ha reportado que la tumba del dictador, habitualmente cubierta de flores frescas, está a lado del fundador del partido de inspiración fascista español La Falange, José Antonio Primo de Rivera.
Su familia dará batalla
Ante la decisión del Tribunal Supremo de España la familia del dictador, así como la Fundación Francisco Franco, que defiende el “legado” y la “memoria”, afirman que darán batalla.
Juan Chicharro Ortega, presidente de esta fundación, advirtió: “Vamos a seguir luchando legalmente hasta el final”.
La familia prevé un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional español y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
