Por José Jaime Ruiz.
El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, prefirió seguir con su gira oaxaqueña que atender presencialmente la revuelta del crimen organizado en Culiacán. Se escudó diciendo que la crisis era atendida por el gabinete de seguridad, quienes primero señalaron que todo había sido circunstancial por un patrullaje de las fuerzas del Estado y, luego, desde su torpeza declarativa, afirman que en realidad fue un operativo para aprehender a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo, y que todo devino en una operación precipitada y fallida. En la cadena de la responsabilidad, el presidente se escuda en el gabinete y el gabinete se justifica con los soldados y cuerpos de seguridad. ¿Dónde quedó la bolita?
El secretario Durazo mintió a los mexicanos tratando de imponer la verdad histórica del patrullaje. Obvio que sabía de la orden de aprehensión y si no lo sabía debería no esperar que pidan su puesto, sino renunciar de una buena vez por su ineficiencia y, como él afirmó en la conferencia de Culiacán, buscar otros horizontes.
En Culiacán pusieron a López Obrador de rodillas. Lo humillaron. El Estado mexicano rindió la plaza, se deshizo el Estado de derecho. “Al margen de la ley, nada; encima de la ley, nadie”, repite cada que puede Andrés Manuel… y se muerde la lengua. El “pej” por la boca muere. El presidente descree de la razón de Estado para el uso de la violencia, de la guerra emprendida antes que, dice, dejó más de un millón de víctimas, del aniquilamiento, de la mentalidad autoritaria porque quien hace uso de la fuerza no tiene autoridad moral. Para él lo importante es mantener las convicciones, los principios, no zigzaguear. Y dice que no existe la impunidad, en este caso, porque no hay contubernio entre las autoridades y la delincuencia organizada. Por tanto, no existe asociación delictuosa.
Se equivoca rotundamente Andrés Manuel. No sólo fue un operativo fallido, también existe un gabinete de seguridad fallido y, por extensión, al avalar a su gabinete, un presidente fallido. Andrés Manuel no sólo fracasó en su primer prueba de fuego, también le falló a los mexicanos al ser superado por la delincuencia organizada y le falló al gobierno de los Estados Unidos al no cumplir la orden de extradición. La percepción sobre el gobierno de López Obrador va a cambiar, para mal. No dimensionaron las consecuencias políticas y mediáticas de su torpeza.
“…esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos. No se puede apagar el fuego con el fuego. Esta estrategia es diferente a lo que han hecho otros gobiernos. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra. Esto les cuesta a muchos entenderlo”, suscribió en la mañanera de Oaxaca Andrés Manuel. No quiere muertos y esta semana ha sido de muertos, no quiere guerra y ayer le declararon la guerra al tomar la plaza de Culiacán. En efecto, la vida no sería vida sin surrealismo.
Para el gabinete de seguridad, Guzmán López nunca estuvo formalmente detenido, con esto quieren exculparse y exculpar al presidente de responsabilidad penal. Si no existió una detención, y más allá de la capitulación, existió un secuestro de un ciudadano por tres o más personas, lo que equivale a delincuencia organizada. Por la evidencia, la Fiscalía General de Alejandro Gertz Manero ya debiera abrir un expediente, un juicio de procedencia, que llegaría al presidente con un juicio político, porque ahora puede ser juzgado por otras razones, en este caso delincuencia organizada, y no sólo por traición a la patria.
¿El gabinete de Seguridad y el presidente se declararon confesos de un delito? Quieren sortear la aplicación de la ley del Código Penal federal:
Por eso, aunque detuvieron al hijo del Chapo, ahora retuercen la circunstancia para salvarse. Y en cuestiones militares:
Si el presidente, que avaló cada uno de los actos del gabinete de Seguridad, sigue la línea de la “no detención”, para salvar jurídicamente el pellejo (si no estaba detenido, por qué ordenar su liberación), nada lo exime de avalar el secuestro, la privación ilegal de la libertad de Guzmán López, lo cual lo convierte en cómplice en una delincuencia organizada. Todos los funcionarios confesaron. ¿Quién hace la denuncia? ¿Al margen de la ley, nada; encima de la ley, nadie?
