“El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional”, sentenció el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en un artículo de opinión publicado por el diario mexicano La Jornada.
El texto denuncia el trato que han recibido los grupos indígenas desde la salida de Evo Morales del país, señalando la actuación de las clases medias que “salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder”.
“El odio al Indio” es el primer texto publicado por el ex funcionario boliviano desde su llegada a México, donde aborda el papel de las fuerzas policiales y el ejército boliviano, que solicitaron la salida del poder de Morales y, según el ex vicepresidente, “desconocieron el mando civil” y optaron por “agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares”.
En su artículo condenó la actuación de grupos paramilitares que asegura “asediaron instituciones” además de incendiar sedes sindicales, domicilios de actores políticos y secuestrar a los familiares de los mismos para exigir la renuncia a sus puestos.
Mencionó algunos datos del gobierno en el que participó, como la reducción de la pobreza extrema en 23 por ciento, la implementación del acceso universal a la salud, educación y protección social, así como la incorporación de personas pertenecientes a grupos indígenas al gobierno.
Señaló que durante los casi 14 años del gobierno de Morales, el Producto Interno Bruto (PIB) creció de nueve mil millones de dólares a 42 mil millones.
Aseguró que, aunque los hijos de la clase media boliviana “enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas”.
Respecto a la actuación de las fuerzas del orden la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que el uso de gases lacrimógenos es una medida que “atenta a los estándares jurídicos internacionales” e insta al Estado boliviano a respetar el derecho de los ciudadanos a llevar a cabo una protesta pacífica.
De igual manera la comisión ha expresado su preocupación por el actuar del ejecutivo encabezado por Jeanine Áñez, respecto a la acción de las policías contra la prensa y ha emitido una alerta por el decreto 4078 de la presidencia.
Ese decreto exime a las Fuerzas Armadas de la responsabilidad penal en los operativos para el “restablecimiento y estabilidad del orden público”. La noche del sábado la CIDH actualizó la cifra de víctimas de las más recientes manifestaciones en Bolivia. El conteo mostró que desde el inicio de la crisis política al menos 23 personas han muerto y 715 han sido heridas.
