Facturas apócrifas. Personas conocidas como “factureros” que generan comprobantes fiscales para que, quienes las emiten, paguen menos impuestos. Claramente una defraudación al fisco y a la nación.
¿En dónde reside, entonces, la polémica?
En que la ley establece que la autoridad pueda proceder de manera inmediata también en contra de los particulares y empresas que reciben dichas facturas. Pocos debaten la necesidad de tipificar las facturas falsas como delito, pero son más los que señalan que esto debiera proceder en automático sólo contra quienes las emiten. Estos últimos han denominado estas acciones por parte del SAT y del ejecutivo federal, como “terrorismo fiscal”.
Por lo pronto, la discusión “está servida” y sin duda dará muchos dolores de cabeza a quienes hacen y reciben facturas (por un monto importante, aún por especificar). ¡Y con razón! Nadie quiere ir a la cárcel por una sospecha de fraude, máxime si se le atribuye a otro.
Por lo anterior y conscientes de que se trata de un tema en general muy técnico e inclusive complicado de entender para un sector de la población, las empresas Opinión Pública, Marketing e Imagen (SRS), así como Social Research Solutions (OPMI), a través de AMLOVEmetrics, decidieron conocer el sentir ciudadano en la materia a través de una encuesta.
A una muestra representativa de los mexicanos se les formuló la siguiente pregunta:
“El gobierno de AMLO, a través del SAT: ha endurecido sus medidas para combatir la evasión fiscal, además de eliminar el perdón en el pago de impuestos.
¿Usted considera estas políticas del SAT: terrorismo fiscal o justicia tributaria?”
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Un 63% de los entrevistados considera que se trata de justicia tributaria, mientras que para el 37 por ciento restante las medidas son “terrorismo fiscal”.
Las leyes fiscales son complicadas, y en no pocos casos se requieren especialistas en la materia (contadores y abogados fiscalistas) para formular declaraciones. Tal vez por eso, el 25.4% de los entrevistados contestaron que no saben si las políticas gubernamentales son terrorismo fiscal o justicia tributaria. Este porcentaje habla de una honestidad por parte del ciudadano promedio; no opina sobre algo que no sabe.
Tener que pagar una fracción de los ingresos al gobierno (sea cual sea) siempre conlleva una reflexión de las razones por las cuales dicha acción es necesaria y qué tanto se imparte la “justicia social” por la vía tributaria. Dados los resultados obtenidos, es evidente que la población ve como actos de justicia social eliminar las condonaciones a grandes contribuyentes y el poner un alto a prácticas, posiblemente ilegales, para la evasión de impuestos.
Metodología de la encuesta
Para esta encuesta se levantaron 800 encuestas vía telefónica a una muestra representativa y aleatoria a nivel nacional, con operadora y desde un Call Center y un margen de error estadístico de +-3,4% este 24 de noviembre. No incluye el 25.4% de quienes respondieron “no sabe”.
AMLOVEmetrics realiza encuestas desde el día posterior a las elecciones presidenciales de 2018, sobre diversas cuestiones del acontecer nacional que sean de interés para la ciudadanía mexicana.
Fotografía: SDPnoticias
