Con el argumento de que no se viola ninguna ley o reglamento, la Asociación del Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León defendió el aumento a 17 pesos en la tarifa de rutas suburbanas. José Alejandro González Garza, vocero del gremio, insistió que los precios fueron autorizados por el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz en 2013, y se encuentran publicados en el Periódico Oficial del Estado.
Sin embargo, como parte de la conformación de los Consorcios del Transporte por la actual Administración estatal, dos años atrás se optó por reducir el precio; situación que ya no les es rentable. A partir de este 18 de marzo, varias rutas retomaron las tarifas aprobadas hace seis años.
“Hay un acuerdo tarifario que está publicado en el periódico oficial de diciembre de 2013, en el cual están autorizadas las tarifas urbanas en 16 y 17 pesos, sin clima y con clima, respectivamente, y también hay tarifa preferente para los usuarios de la Tarjeta Feria que es de 7 o 9 pesos”.
“Hubo descuentos cuando se iniciaron nuevos servicios en los municipios de García, Ciénega, El Carmen, Juárez, Zuazua y Pesquería. Y la idea ahorita es que mientras no haya una solución para la problemática que está viviendo el sistema de transporte en la ciudad, vamos a regresar a esto en lugar de dejar de dar el servicio”.
La intención, dijo, es evitar que el sistema colapse, como Metrorrey, cuya tarifa permanece estática desde hace 26 años. Sobre todo si se toma en cuenta que en estas rutas, los camiones circulan vacíos durante gran parte del día.
“Son servicios a municipios denominados dormitorios, porque hay una explosión de viviendas para las personas que se están reubicando en García, Juárez, Zuazua, Ciénega y El Carmen. Mucha gente vive allá, pero trabaja acá en Monterrey y su zona metropolitana, y ya que están aquí, los camiones se tienen que regresar vacíos y circular vacíos durante el día hasta la tarde que tienen que regresar a sus hogares”.
Bajo este entendido, el también transportista consideró que el Estado está en libertad de aplicar sanciones a quién esté incumpliendo la ley, lo cual no sería el caso. Agregó que seguirán abiertos al diálogo en busca de la mejor opción para afectar lo menos posible al usuario.
