El gobierno de Estados Unidos, presentó una solicitud formal ante la fiscal general del Distrito Sur de Florida, Adriana Fajardo, en la que se pide que se autorice la extradición a México, del ex gobernador de estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
De acuerdo con lo informado por el diario Reforma, la petición de las autoridades estadounidenses, se dio debido a que consideraron que la investigación que presentó el fiscal general del estado, César Peniche, reunió evidencia suficiente para establecer una causa probable de los delitos por los que el exmandatario es acusado.
La solicitud que fue recibida por la Corte para el Distrito Sur de Florida, indica que Duarte incurrió en 11 transacciones indebidas, siendo la más grande de ellas, la que involucra transferencias por el orden de los 36 millones de pesos, que pasaron del fondo de emergencia del estado de Chihuahua, a la Unión Ganadera Regional de la entidad.
Sobre tales movimientos, las autoridades explicaron que por declaración de funcionarios que estuvieron involucrados en los hechos, se supo que se trató de un acuerdo ilegal, debido a que originalmente los recursos se usarían para pagar a ganaderos, pero se tuvo conocimiento de que entre los beneficiarios, 45 estaban muertos.
De la misma forma, se indicó que tras un análisis forense, se tuvo conocimiento de que 7.2 millones de pesos se destinaron a la compra de un rancho para César Duarte; otros 3.4 millones se usaron para adquirir toros Angus, además de que 6 millones más terminaron en una cuenta fiduciaria a nombre del exmandatario y su esposa, Bertha Olga Gómez.
Sobre la cónyuge de Duarte Jáquez, se añadió que se descubrió 250 mil pesos, se trasladaron a favor de una empresa de construcción propiedad de ella.
La petición de extradición, deberá ser certificada por el Poder Judicial que analizará que cumpla con todos los requisitos legales, tras lo cual el Departamento de Estado determinará si entrega o no al acusado al gobierno de México.
Cabe destacar que la Auditoría Superior de Chihuahua, señala al exgobernador con desvíos por más de 6 mil millones de pesos, mientras que las órdenes de aprehensión que están vigentes en su contra, documentaron otros mil 200 millones de pesos.
