Por segunda ocasión, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa envió un proyecto a la Suprema Corteen donde propone la destitución de los 42 diputados locales de Nuevo León.
Dentro de la resolución emitida este jueves señala que se le debe de dar parte a las autoridades penales correspondientes para que inician una carpeta de investigación por el desacato.
A consideración de los magistrados que sesionaron este jueves, los legisladores incumplieron con la orden emitida por un juez hasta en ocho ocasiones en torno a la ratificación del magistrado Ángel Mario García Guerra.
La resolución señala claramente que la acción aplicará a los 42 diputados que actualmente conforman la septuagésima quinta legislatura y no solamente contra los que votaron a favor para que el magistrado regresara.
El proyecto donde se propone la destitución fue publicado este jueves tras analizar el incidente de inejecución de sentencia 2/2020, que fue iniciado por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa.
«Se emite proyecto de separación en el incidente de inejecución de sentencia 2/2020», se detalla en la resolución.
«Se propone la separación del cargo a los titulares de la autoridad responsable Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, por incumplir injustificadamente la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 1044/2017 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo», emite el documento.
Los magistrados que llevan el caso son Manuel Suárez Fragoso (presidente y ponente), Rogelio Cepeda Treviño y el secretario en funciones de magistrado, Carlos Toledano Saldaña.
Todo el problema inicio hace tres años luego de que García apareció en un video en el que explicaba cómo introducir bebidas alcohólicas en un frasco de perfume en una fiesta en Texas.
Esta situación fue factor para que los legisladores, encargados de ratificar a los magistrados, votaran en contra para que García renovara en el cargo, cuyo primer periodo concluyó en 2018.
García Guerra se inconformo y se amparó, el paso del tiempo un juez le dio la razón y ordenó su ratificación al cargo de magistrado, pero los diputados se negaban hacerlo, hecho que provocó el procedimiento de desacato por no respetar la ley.
La Corte será ahora quien determine de manera definitiva si se procede o no a la destitución de los diputados locales.
