La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a Sergio Salazar y Carla Rochin por el incendio ocurrido en 2009 en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en la que perdieron la vida 49 niños y niñas.
Salazar se desempeñó como director de Prestaciones Económicas y Sociales y Rochin como coordinadora Nacional de Guarderías del IMSS.
La FGR considera que fueron omisos en cumplir con los deberes que les imponían las normas y lineamientos para regular el servicio de guarderías.
Cabe señalar que la Guardería ABC otorgaba sus servicios de manera subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En ese entonces, la Procuraduría General de la República ejercitó acción penal contra 22 personas.
Entre ellas servidores públicos del IMSS, del gobierno de Sonora y Hermosillo e integrantes de la Sociedad Civil denominada “Guardería ABC”.
En el 2016 el juez primero de Distrito de Sonora dictó sentencia condenatoria contra 19 de los involucrados que no tenían cargos de alto nivel.
Actualmente el fallo judicial esta por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, el reclamo social de una justicia efectiva que incluyera la detención de funcionarios de alto nivel no se cumplía.
En febrero de 2020, el IMSS presentó una denuncia de hechos involucrando a funcionarios de alto nivel de ese organismo.
Una vez iniciada la carpeta de investigación el Ministerio Público determinó ejercitar acción penal en contra de servidores públicos.
Por lo anterior, la FGR solicitó al Juez de Control librar la orden de aprehensión contra los funcionarios referidos y cuatro días después, la Policía Federal Ministerial la cumplimentó.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Juez Federal de Control en Hermosillo, Sonora y se solicitó audiencia inicial por parte del MPF.
Una vez expuestos los datos y argumentos de la Fiscalía y la defensa de los imputados, el juzgador resolvió vincularlos a proceso por los delitos de lesiones y homicidio culposo en su modalidad de comisión por omisión, reiterando la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
