La Carpeta:
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La justicia no admite más que una sola interpretación. Espero, sinceramente, que sea la correcta.
Francisco Tijerina
febrero 5, 2015, 9:23 am

PacoTijerinaok

“Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”. Voltaire

Puede que técnicamente Rodrigo Medina y el encargado del despacho de la Procuraduría tengan razón al decir que el dueño de la finca de Linares que colocó trampas explosivas contra los ladrones que en múltiples ocasiones saquearon su propiedad cometió un delito equiparable a disparar un arma al accionarse una de estos artefactos y matar a un vulgar y simple ratero, pero en términos reales y prácticos el hoy acusado simplemente estaba haciendo lo que el Estado nunca hizo por él: defender su patrimonio.

Resulta lamentable el grado de insensibilidad de un gobierno que no alcanza a dimensionar el grado de desesperación de sus habitantes que están cansados de ser víctimas de la delincuencia; que están hartos de escuchar los discursos oficiales sobre los resultados de la lucha contra la delincuencia que, contrastados con la realidad, se vuelven palabras huecas.

La acusación del gobernador y del encargado de la Procuraduría equivale a tanto como si en su momento se hubiese intentado juzgar a don Alejo Garza Tamez, aquel hombre que se defendió del ataque de “Los Zetas” que le habían exigido entregarle su rancho en Ciudad Victoria y que los repelió a balazos, matando a cuatro e hiriendo a dos; don Alejo cayó muerto por las ráfagas y granadas de los delincuentes, pero sostuvo su punto y defendió lo suyo con honor.

Llegar al extremo de colocar una alarma explosiva en puertas y ventanas no debe haber sido fácil, pero nos hace ver el nivel de desesperación de un hombre que no encuentra respuestas de un gobierno, el mismo que ahora intenta acusarlo del homicidio de una persona que con premeditación, alevosía y ventaja y corriendo el riesgo de que el dueño estuviese en la finca, pretendía introducirse con la intención de robar.

Algo está mal en la escala de valores. No es posible que el gobernador y el encargado de la Procuraduría pretendan acusar al propietario de la finca. No es posible que ante la evidente falla de los cuerpos de seguridad, encima resulte que los delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos de bien.

La justicia no admite más que una sola interpretación. Espero, sinceramente, que sea la correcta.