A medida que las comunidades se vuelven más educadas, críticas, e inquisitivas, la función de gobierno debe involucrar más a la sociedad en los procesos de toma de decisiones en asuntos de interés público.

Aunque no vivimos bajo un sistema de gobierno diseñado para la participación ciudadana y nuestra democracia no es de tipo participativa sino representativa, la búsqueda del consenso social es el mecanismo más eficaz y eficiente para sacar adelante aquellas iniciativas que pueden resultar controversiales en su aplicación.

El conflicto social que surge entre alguna entidad de gobierno y algún segmento de la sociedad es un fenómeno universal. En el Siglo XX podría resultar hasta aceptable que las personas encargadas del gobierno tomaran todas las decisiones porque se asumía que habían considerado todos los ángulos e intereses y siempre actuarían con plena objetividad y en beneficio de todos.

A costa de errores y crisis recurrentes en distintos campos del interés público las comunidades ya no aceptan los mismos mecanismos decisorios y el gobierno tiene la obligación de diseñar los métodos para lograr consensos.

En muchos de los casos no es tan simple como dialogar o debatir, pues se trata de temas que involucran alguna comprensión técnica no fácil de acceder por las mayorías, como sería el caso de aeropuertos, energía, educación, seguridad y otros más.

Los consejos y/o comisiones ciudadanas ha sido la respuesta que encontraron los gobiernos de los tres niveles como canal de participación de la ciudadanía en los problemas que sean de su interés.

Por supuesto que ningún órgano ciudadano logrará sus resultados en tanto las entidades de gobierno no incorporen sus visiones y puntos de vista en la toma de decisiones.

La trampa de los consejos y comisiones ciudadanas reside en tres grandes debilidades de las que todos esos organismos adolecen. La primero es que son de tipo “consultivo” y no vinculante, esto significa que el gobierno podrá o no involucrar las conclusiones ciudadanas en las iniciativas de gobierno. Algo así como: “te escucho, te consulto, pero no te hago caso”. Lo cual es decepcionante para cualquiera por el lado que se le vea.

En segundo lugar, los consejos deben ser gobernados por personas de reconocida solvencia moral y sin intereses económicos en la temática objeto del consejo, además de disponer de un cuerpo de técnicos empleados del organismo y no del gobierno, así como los recursos financieros necesarios para allegarse con la información necesaria y suficiente para modelar las mejores soluciones a los problemas sometidos a su consideración.

En tercer lugar, la gran mayoría de los consejos están integrados por una cantidad tal de funcionarios públicos que es poco creíble la autonomía de los tales consejos. La autonomía es un elemento crítico para la creer en la objetividad de las conclusiones.

En estricto sentido cada rama del servicio público debe responder ante su consejo ciudadano y cada funcionario con poderes debe someter a consideración del organismo sus proyectos y resultados, así como ser evaluado en su gestión, por supuesto que considerando la sensibilidad e importancia de cada asunto.

El Consejo Estatal del Transporte y Vialidad (CETYV) fue creado mediante decreto por el entonces Gobernador Jorge Treviño en 1987 y su primer presidente fue el Lic. Alberto Santos de Hoyos. A pesar de las debilidades antes mencionadas el organismo produjo importantes consensos que condujeron a proyectos de alta rentabilidad social.

El CETYV dejo de funcionar como tal durante la administración del Lic. González Parás y su último presidente fue el Ing. Genaro Leal, desde entonces las facultades del presidente las ejerce indebidamente el que fuera Subsecretario de Transporte o Director de la llamada AET.

No es entonces ninguna sorpresa la crisis en la que las administraciones sucesivas han metido al transporte al haber dejado fuera a la comunidad y solo reunir al consejo cuando se trata del tema de tarifas, han sido 11 años donde se abandonó la mejora de toda la infraestructura del sistema de movilidad de la ciudad que en todo es la principal causa de los costos sociales y privados de la operación del sistema.

El gobierno del estado haría bien en volver a darle su lugar al consejo del transporte y dejarlo trabajar junto con la ciudadanía para no solo resolver el asunto de las tarifas sino el de operación total de la movilidad metropolitana.

¡No se le debe temer a la participación ciudadana!

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