La Comisión Nacional de los Derechos Humanos calificó a 2018, el último año de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, como uno de los más violentos y complejos de las últimas décadas en el país, en el que emitió 101 instrumentos recomendatorios.

En su informe anual de actividades 2018, advirtió que dejó un saldo muy complejo en el que las desapariciones de personas continuaron, la persecución y las agresiones a personas defensoras y periodistas no cesaron, la pobreza y la desigualdad persistieron.

Además, en ciertos sectores de la población, se vieron incluso incrementados los problemas, como el desplazamiento interno y los despojos a pueblos y comunidades indígenas, la trata y la explotación de personas, así como la falta de garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pese al tamaño de las necesidades de la población.

El documento de 338 cuartillas destaca además que fue el año en el que los procesos electorales en el país incrementaron la violencia política como nunca en la historia, pero también en el que la colectividad se manifestó altamente esperanzada frente a los cambios que el país demanda. Esto ofrece un escenario óptimo para fortalecer e impulsar hacia adelante una gobernabilidad democrática.

La CNDH aseguró que ha dado cumplimiento a sus responsabilidades constitucionales emitiendo 101 instrumentos recomendatorios (90 recomendaciones, tres recomendaciones generales y el mayor número de recomendaciones por violaciones graves, ocho).

En dichos instrumentos se da cuenta de casos muy relevantes como el de las múltiples violaciones —entre ellas la desaparición forzada de personas— en Allende, Coahuila; las víctimas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes, en una casa hogar en Zamora, Michoacán, así como violaciones graves a los derechos humanos en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

También de un conjunto de casos en los que se advirtieron claramente comportamientos ilegales y violaciones graves y reiteradas de derechos humanos por diversas autoridades, entre otras, las fuerzas armadas y la Policía Federal en diversos lugares del país, lo que ameritó que se les expusiera en instrumentos globales bajo el principio de concentración.

Además de realizar una revisión puntual y permanente de la legislación que se emite por los congresos federal y locales, lo que dio como resultado la interposición de un total de 53 demandas de inconstitucionalidad por considerar que dichas normas violaban la Ley de Seguridad Interior y la modificación a la Ley General de Salud en cuanto a la objeción de conciencia.

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