El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, afirmó categórico que, pese a los amparos, el nuevo aeropuerto en Santa Lucía funcionará en tres años. Ello, luego de que el Primer Tribunal Colegiado Administrativo con sede en Naucalpan, estado de México, concedió una suspensión provisional a un particular a finales de mayo para que las obras, que están previstas para arrancar en junio, no se realicen.

Pide que primero, las autoridades cuenten con todos los dictámenes legales y ambientales, pues de lo contrario, la construcción de la terminal aérea provocará una degradación de las tierras, así como de los ecosistemas.

No hay nada que suspender

Durante su participación en Mobile 360 América Latina, Jiménez Espriú habló sobre ese asunto que fue, incluso, retomado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera.

“Esperemos que los temas legales se superen, porque vamos a demostrar que se están cubriendo todos los trámites, todos los aspectos. Se están obteniendo todos los permisos y se están resolviendo todas las disposiciones existentes. Entonces no habrá, yo supongo, ningún problema de naturaleza ministerial.”

El funcionario destacó lo dicho por el presidente en cuanto a que la construcción del nuevo aeropuerto no ha iniciado. Abundó que después de que se tenga la manifestación de impacto ambiental aprobada, y esto sería hasta finales de junio, se verá. “Esperemos que no se retrase el inicio de la obra”.

¿Por qué la suspensión judicial?

En su resolución de la suspensión, el tribunal afirma que en el predio se removería y destruiría su vegetación y fauna. Las consecuencias de la construcción razonablemente podrían afectar zonas protegidas y adyacentes.

Además, se indica, la construcción puede provocar una modificación en el ciclo hidrológico al no captar la superficie natural de manera directa el agua de lluvia. Se suma a lo anterior que habría un aumento en la densidad poblacional de la regional.

147 juicios de amparo

Mientras se está a la espera de que este jueves se resuelva la suspensión definitiva del amparo que interpuso Juan Morera Mitre, La Jornada señala que se ha confirmado en el Poder Judicial que organizaciones sociales y despachos han interpuesto 147 juicios de amparo.

La resolución de tribunal ha sido celebrada por activistas y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

“Es oxígeno para los pueblos que pedimos haya congruencia entre el proyecto del aeropuerto y los impactos reales en el medio ambiente”, comentó Benjamín Galindo Pizaña, activista del pueblo de San Lucas Xolos.

Fotografía propiedad de: archivo/ Cuartoscuro

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