Por Carlos Chavarría.

El nuevo encargado de la agencia dedicada a terminar con el transporte en la ciudad ha iniciado una lucha frontal en contra de las aplicaciones informáticas que prestan el servicio de taxi bajo demanda.

Con todo el poder que le otorga una ley mal hecha, se lanza en contra de lo que él llama “taxis piratas” y, al igual que en otras ciudades de algunos países, pretende aislar a las comunidades de la tendencia evolutiva mundial que usa las tecnologías de información para resolver algunas demandas, en este caso de movilidad individual.

Las burocracias terminan convirtiéndose en enemigos de todo lo que represente la posible desaparición de muchas absurdas regulaciones que aplican los gobiernos.

UBER y los carretoneros que recogen basura son en el fondo la misma cosa, la respuesta de una sociedad libre que busca resolver sus problemas a pesar de su gobierno.

Los dos, carretoneros y UBER, hacen un servicio demandado por el público, y al usar la palabra “público” de inmediato la voraz burocracia piensa que caen dentro de la órbita de control del gobierno y que, a fuerza, la realidad debe involucionar de acuerdo con una ley que se hizo en 1985, cuando la anarquía era la norma en el transporte de la ciudad y hasta los carretoneros requerían concesión otorgada por el gobierno.

A medida que avance la ola que se le ha dado en llamar la internet de las cosas, surgirán una gran variedad de servicios en respuesta a la demanda, para los que ni siquiera existe imaginación en el gobierno, como el caso de UBER, y de alguna manera los burócratas intentaran detener esos avances.

Por ejemplo, la desaparición del efectivo como lo conocemos cambiará los patrones de la criminalidad y surgirá el servicio de botón de pánico que presionará a las autoridades policiacas para atender los llamados que algunas compañías ofrecerán como servicio para asegurar la debida atención de cada persona, como sistemas individuales de seguridad.

Esas compañías de seguridad privadas entrarán en confrontación con las anquilosadas y diletantes autoridades porque serán más efectivos que el gobierno, y ya veremos cómo los burócratas buscarán cómo parar esa evolución.

Ya veremos que muchos de los supuestos servicios que justifican los abultados y costosos esquemas de gobierno, podrán atenderse por medio de diversos automatismos donde lo único requerido serán personas que actúen y muy fácil quedarán en ridículo.

Volvamos al asunto de los decomisos y la internet de las cosas. No está lejos el momento en que el GPS, que ya tienen algunos autos y casi todos los celulares, se convierta en una aplicación para monitorear en tiempo real las oleadas de deseos de viaje en la metrópoli y gracias a ellos pensar en sistemas de transporte de respuesta rápida ante la demanda.

Pero no, el gobierno está pensando en cómo detener esos avances y hacer que se respeten las mismas normas de hace 100 años: que la tarjetita de circulación, que el papelito del seguro, que la licencia de manejar, la placa, el permiso de la autoridad, y tanta tontería más.

Ya existen muchas compañías que en sus unidades de negocio aplican el concepto de trabajo desde casa y jornadas flexibles gracias a la internet de las cosas. Casi todos los flotilleros ya equipan a sus operadores con terminales remotas y es así como supervisan y programan sus operaciones, mientras en el gobierno piensan en decomisos y el talonario de infracciones.

La revolución que veremos en el sistema de salud de primer nivel, donde será posible que exista la teleconferencia vía celular desde casa entre médico y paciente para atender las enfermedades oportunistas y que consumen el 90 % de la capacidad instalada actual, mientras los burócratas piensan en la fila, la cola, la ficha la espera y la perpetuación del mal servicio.

Veamos de que se trata la posición de los burócratas. Se trata de perpetuar el estado de las cosas para justificar su absurda existencia.

Al rato van a exigir que para los servicios de internet de “pick-up and delivery” se requiere concesión por parte del gobierno.

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