Por José Jaime Ruiz

@ruizjosejaime

En el 2021 ganar las gubernaturas de los estados es también salir victorioso en las diputaciones federales. La 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador necesita mayoría del Congreso federal o la transformación será deformación. Las elecciones intermedias también significan que, al disputarse gubernaturas, existe un efecto de voto hegemónico, no cruzado. En 2015 no sucedió así en Nuevo León porque el candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, estuvo acompañado por una estructura electoral, pero no por una estructura de partido que le proporcionara diputaciones federales, alcaldías, diputaciones locales y regidurías. El Bronco no fue un vaquero solitario, apenas “solitito”.

Por eso, al menos en Nuevo León, la judicialización del proceso electoral es importante.

El senador Samuel García, quien se cree en caballo de hacienda para ser el próximo gobernador por Movimiento Ciudadano, podrá tener pérdida de equitación y caer precisamente por Hacienda o, más específicamente, por el SAT. Margarita Ríos-Farjat, ahora ministra, le comentó a una fuente, en la que confío a cabalidad, en que nada había en contra de Samuel y de su familia por la facturación y doble facturación. Las poetas también mienten o, al menos, engañan. Samuel podría estar sujeto a una investigación que lo tumbara de sus pretensiones.

El mismo gobernador de Nuevo León, Rodríguez Calderón, puso énfasis en la posible caída:

“El principal facturero de este país, ¿me está acusando a mí de compra-venta de facturas? ¿No le remorderá la conciencia?, le podría preguntar a su papá y a sus hermanos, quienes son los principales vendedores de facturas en este país”, aseguró el Bronco hace tiempo. Samuel García dijo que lo demandaría por difamación. No sé hasta qué punto haya sido un hecho o simple baladronada el revire.

El mismo gobernador de Nuevo León, que quiere jugar cartas electorales cuando carece de ellas, trata de influir en la Presidencia de la República y en Morena para “ayudar” a la transición en el estado. Estira a veces la liga y a veces ofrece sus servicios de “estructura electoral”. El Bronco tiene pendiente la culpabilidad o exoneración de las firmas de “apoyo” cuando quiso competir por la Presidencia de la República. Andrés Manuel perdona, no olvida. Si Rodríguez Calderón quiere pasarse, de nuevo, de listo, tendrá su dosis judicial antes y después de que deje la gubernatura.

El exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz en su amistad lleva la penitencia. El expresidente Enrique Peña Nieto lo salvó de la cárcel, no de ciertas horas de cárcel. Ahora, todo lo que huela a Peña Nieto apesta. Cruzar el lago dual en el juego de golf se tornó pútrido. Santiago Nieto, quien dirige la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene los datos. Es cuestión de tiempo. ¿A quién contamina Medina de la Cruz? Al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien fue procurador durante su sexenio. A Francisco Cienfuegos, actual líder de la fracción priista en el Congreso de Nuevo León, y su alfil para ser alcalde de la capital nuevoleonesa.

La judicialización está en marcha, no sé si se utilizará electoralmente para quitar fuerza al PAN vía el alcalde de San Nicolás, Zeferino Salgado (quien tiene investigaciones en la Fiscalía, en la Secretaría de Seguridad y en Gobernación) y al PRI si, acaso, quieren postular a Ildefonso Guajardo y desmenuzarlo por sus relaciones con Peña Nieto y Emilio Lozoya.

En el 2021 la posible judicialización del proceso electoral en Nuevo León ¿cambia tablero, fichas?

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