Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México acusado de dos delitos de narcotráfico en una corte de Estados Unidos, solicitó este martes, a través de su abogado de oficio, que lo dejen en libertad bajo fianza de hasta 1 millón de dólares y un control de seguimiento de localización, y así afrontar el periodo hasta el juicio fuera de la cárcel.
César de Castro, el abogado asignado al exfuncionario mexicano, envió una carta al juez de la causa en la corte federal del distrito este de Nueva York, Brian Cogan, el mismo que enjuició a Joaquín «El Chapo» Guzmán, en la que criticó la «débil» solicitud del gobierno para que García Luna siga en la cárcel mientras espera juicio por dos delitos por narcotráfico (conspiración para la importación y distribución de cocaína) y uno de falsedad de declaración ante las autoridades migratorias. De ser declarado culpable, enfrentaría penas de entre 10 años de cárcel y cadena perpetua.
«Se requiere fianza en este caso. La detención no es necesaria. El señor García Luna puede asumir la presunción de detención y tiene derecho a condiciones menos restrictivas, o una combinación de condiciones que aseguren razonablemente su aparición en este tribunal.
«El paquete de fianza que hemos propuesto es más que adecuado», resumió el abogado, quien pidió al juez que «vea más allá de los intentos del gobierno de mantener detenido a García Luna simplemente alegando una presunta asociación con El Chapo».
Dio cuatro razones por las cuales no hay riesgo de que el exsecretario de Seguridad Pública se fugue del país y no asista a los requerimientos judiciales.
El primero, los «suficientes lazos» que ha establecido en Estados Unidos, donde reside desde 2012, justo cuando terminó su periodo como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.
Antes, de 2001 a 2005, había encabezado la Agencia Federal de Investigaciones bajo el mandato de Vicente Fox.
En Estados Unidos tiene propiedades y es donde residen su mujer e hijos, quienes van a universidades estadounidenses. En la Unión Americana dijo tener «bienes inmuebles» por valor de 1.2 millones de dólares, que servirían como garante del bono de fianza que solicita.
Hasta el momento de su detención, el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, era el dueño mayoritario de dos empresas en Estados Unidos, que desde su arresto han perdido todos sus contratos y, por tanto, fueron cerradas.
«Tienen cuentas bancarias con poco o ningún dinero», resumió el abogado.
Tampoco tiene activos ni liquidez en México, lo que se suma a la nula necesidad de fugarse a un país donde tiene congeladas cuentas y su acceso al sistema financiero, además de ser sujeto a arresto y enjuiciamiento.
El segundo, la incapacidad de escapar, ya que entregó «de forma voluntaria» su pasaporte y tarjeta de residente en Estados Unidos, la conocida «green card».“
Pensar que huiría a México, donde no tiene acceso al sistema financiero y enfrentaría arresto y enjuiciamiento, es absurdo”.
La tercera razón tiene que ver con que, si García Luna no se fugó hace más de un año, cuando las alegaciones de sobornos del cártel de Sinaloa se hicieron públicas, no tendría razones para hacerlo ahora.
Eso se produjo en noviembre de 2018, cuando en el marco del juicio contra «El Chapo», en la misma corte y ante el mismo juez que lleva su caso, Jesús El Rey Zambada, hermano del capo Ismael Mayo Zambada, confesó haber sobornado a García Luna al menos dos veces entre 2005 y 2007, por montos de entre 3 y 5 millones de dólares cada una.
García Luna ya negó con rotundidad esas acusaciones cuando aparecieron, y este martes su abogado las calificó de «absurdas».
«No es tan fácil conseguir billetes de 100 dólares en México y tendrían que haber estado en una bolsa enorme que pesaría entre 60 y 100 libras [entre 27 y 45 kg]», ironizó el abogado en su carta.
«El gobierno ha aludido a la corroboración del cooperante pero no ha detallado ninguna capacidad para ni siquiera probar la existencia de esos supuestos fondos, menos aún ligarlos al señor García Luna», añadió.
No sólo eso: según su abogado, García Luna permitió que los agentes federales de Estados Unidos inspeccionaran sus aparatos electrónicos, incluso entregándoles las contraseñas de acceso, y colaboró con la investigación «durante horas» de interrogatorio.
«Ha hecho todo lo consistente con su inocencia y, más importante, no hay nada que sugiera» que vaya a huir, sentenció el abogado.
Finalmente, el abogado se queja de las condiciones carcelarias de su cliente. Continuar como ahora, según el abogado, pone en riesgo la salud y la seguridad de García Luna. Durante más de un mes, desde su detención en Texas hasta su traslado a Nueva York, estuvo en régimen de aislamiento, sin ningún contacto con el exterior.
A pesar de que ya salió de esa condición, De Castro asegura que las visitas han sido «extraordinariamente difíciles», haciéndolo esperar hasta cuatro horas antes de poder ver a su cliente.
«El caso no se espera que vaya a juicio hasta 2021: no hay ningún propósito útil para que continúe detenido mientras se prepara para juicio», escribió De Castro.
Es por eso que el abogado pidió al juez que acepte un «paquete de fianza modesto y medidas de supervisión que incluyeran el control de localización aseguraría el retorno de García Luna a la corte. Viajar le sería prácticamente imposible»: fianza de un millón de dólares asegurado por tres individuos financieramente responsables, además de estar totalmente seguros por los bienes inmuebles que García Luna tiene en propiedad por valor de 1.2 millones de dólares; además del control y supervisión de localización.
El juez de la causa, Brian Cogan, solicitó de inmediato a las partes que programen una audiencia para debatir el tema de la fianza. Hasta entonces, seguirá recluido en el Metropolitan Detencion Center de Brooklyn, en Nueva York, con el número de registro 59745-177. La próxima vista en la corte está prevista para el 2 de abril.
Hace una semana, el gobierno entregó el primer paquete de pruebas a la defensa. En la primera audiencia del caso, celebrada hace un mes, De Castro aseguró que el ex secretario de Seguridad Pública mexicano «no está negociando con la fiscalía» un acuerdo de culpabilidad para evitar ir a juicio.
