Para una mujer recluida en los centros carcelarios de América Latina y El Caribe que está embarazada, sufre de una enfermedad crónica o tiene más de 60 años, en un violento ambiente de convivencia humana de hacinamiento que incumple las reglas sanidad, higiene y alimentación, los riesgos por el ataque de la pandemia del Covid-19 se multiplican.

Con casi 1 millón 600 mil personas privadas de libertad en las cárceles latinoamericanas y caribeñas, unas 91mil 500 son mujeres o 5.72%, según datos oficiales sobre las prisiones del área extraídos del más reciente informe World Prison Brief, del (no estatal) Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia, de Londres, con cifras a septiembre de 2018 y algunas actualizadas a octubre de 2019. Brasil, con más de 37 mil 800 prisioneras, México, con 10 mil 300, Colombia, con más de 8 mil 700, y Argentina, con más de 4 mil 900, encabezan el listado. “Ya existen focos de coronavirus en la población penal”, advirtió la chilena Paulina Acevedo, coordinadora de Ciudadanía e Interculturalidad en el (no estatal) Observatorio Ciudadano de Chile, al coincidir con las exhortaciones internacionales para reducir la población penitenciaria femenina y masculina y tratar de contener al virus. “Es una situación de alto riesgo en un encierro masivo como el de las cárceles.

En muchos casos, las mujeres están recluidas con sus hijos. Son menores de edad en alto riesgo porque son parte de una población especialmente vulnerable. “Desde una perspectiva de derechos humanos con medidas eficaces para detener la propagación del virus, es importante que la población penal que no ofrece riesgos sea trasladada a sus hogares para evitar que se expongan con sus hijos a un posible contagio”, explicó Acevedo.

Ante la creciente propagación regional de la enfermedad que apareció el año pasado en China, organizaciones internacionales de derechos humanos instaron a los gobiernos de América Latina y El Caribe a evaluar alternativas al encarcelamiento para determinadas categorías de personas privadas de libertad porque tampoco son amenaza a la seguridad pública.

“Las autoridades aún están a tiempo (…) pero deberían actuar de inmediato para evitar un desastre de salud completamente previsible”, alertó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch

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