Porfirio Javier Sánchez Mendoza es acusado por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad.

Porfirio Javier Sánchez Mendoza, ex secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, apeló el auto de formal prisión que le fue dictado por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad; informó MILENIO.

Julio César Serna Ventura, abogado del ex mando policiaco, dijo a MILENIO que el recurso de apelación fue interpuesto anoche, por lo que ahora será un tribunal unitario el que resuelva si confirma o revoca el fallo del juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.

En entrevista, el litigante aseguró que no hay elementos para acreditar el delito de tortura a su cliente, ilícito que lo mantiene interno en el reclusorio Norte, en la Ciudad de México.

Debido a que el delito de tortura es imprescriptible, lo otros dos delitos no pueden dejar de prescribir.

Serna Ventura consideró que el juez no debió otorgar la orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR), y mucho menos dictar el auto de formal prisión porque no hay elementos que sustenten una sentencia.

El pasado martes, el juez Marcos Vargas Solano sujetó a proceso penal al ex secretario estatal tras considerar que la FGR aportó pruebas que hacen presumir que el ex funcionario es responsable de los citados delitos; publicó MILENIO.

La investigación comenzó en 2016, tras una notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la apertura a trámite de una petición realizada por una víctima.

El denunciante aseguró que fue objeto de tortura por parte de Sánchez Mendoza y de otra persona, luego de ser detenido sin motivo alguno por presuntos agentes de la extinta Policía Federal, al salir de un gimnasio en la Ciudad de México.

El secretario formó parte de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la Procuraduría General de la República (PGR), y después se unió la Policía Federal.