Por Efrén Vázquez Esquivel
El pasado 1 de junio, México vivió un proceso electoral sin precedentes: la elección judicial. Por primera vez los ciudadanos eligieron directamente a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial. Sin embargo, lo que debía ser un ejercicio transparente se vio empañado por los no invitados: los partidos políticos.
La SCJN quedó conformada por cinco mujeres y cuatro hombres, con el mixteco Hugo Aguilar como su próximo presidente. Entre los nuevos ministros destacan figuras como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes han sido cercanas a la administración actual.
Hugo Aguilar Ortiz, licenciado en derecho mixteco con amplia trayectoria en la defensa de los derechos indígenas, asume la presidencia de la Suprema Corte con el desafío de fortalecer la independencia judicial.
Su conocimiento en justicia comunitaria y sensibilidad social generan expectativas sobre un cambio real en el Poder Judicial. Aunque la elección estuvo marcada por la influencia política y el uso de acordeones, su verdadero reto comienza ahora: demostrar que la reforma judicial garantizará una justicia más equitativa y libre de presiones.
El proceso electoral fue complicado para los votantes. Con cientos de candidatos desconocidos y sin campañas tradicionales, la mayoría de los ciudadanos no tenía información suficiente para elegir de manera informada. La falta de financiamiento público y privado para los aspirantes, sumada a la prohibición de publicidad, dejó a los votantes en una situación de incertidumbre.
Como resultado, los acordeones se convirtieron en una herramienta clave para orientar el sufragio, aunque su uso generó la elección judicial representa un cambio histórico en México, pero también deja interrogantes sobre el riesgo de la independencia del Poder Judicial.
La influencia indirecta de los partidos políticos y la falta de información dañó el proceso. A partir de septiembre, la nueva SCJN y los órganos judiciales deberán demostrar que esta reforma realmente fortalece la justicia y no solo responde a intereses políticos.
