Por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, dirigentes, senadores, diputados locales y aspirantes de Morena a la gubernatura de Nuevo León en 2027 presentaron este lunes ante el Congreso local una solicitud de juicio político contra el gobernador Samuel García.
La solicitud fue respaldada por diversas figuras políticas y ciudadanos que hicieron un llamado a las instituciones para investigar los hechos denunciados y garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio del servicio público.
De acuerdo con los promoventes, existen señalamientos sobre posibles mecanismos mediante los cuales empresas contratistas del Gobierno del Estado habrían recibido recursos públicos para posteriormente transferir cantidades millonarias a despachos jurídicos presuntamente vinculados con el mandatario estatal.
Anabel Alcocer Cruz señaló que la gravedad de los hechos denunciados radica en la posible utilización indebida de recursos que pertenecen a la ciudadanía de Nuevo León y que, afirmó, debieron destinarse a rubros prioritarios como salud, educación, seguridad, movilidad, infraestructura y programas sociales.
Asimismo, destacó que la solicitud no constituye una sentencia anticipada ni busca sustituir las facultades de las autoridades competentes, sino activar los mecanismos constitucionales de rendición de cuentas previstos en la ley cuando existen indicios de posibles irregularidades en el ejercicio del servicio público.
Según los elementos presentados, existen señalamientos sobre posibles esquemas de triangulación de recursos públicos mediante empresas contratistas que habrían recibido recursos gubernamentales y posteriormente canalizado cantidades millonarias a despachos jurídicos relacionados con el titular del Poder Ejecutivo estatal.
Además, se informó que parte de los recursos involucrados podría ser de origen federal, por lo que ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen posibles conductas constitutivas del delito de peculado.
Alcocer Cruz hizo un llamado al Congreso del Estado para actuar con independencia, objetividad y apego a derecho, analizando los hechos, las pruebas y los informes que resulten necesarios para determinar si existen responsabilidades políticas.
Foto portada: El Porvenir
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