Este lunes 3 de junio, comenzó el juicio oral para determinar la situación legal de los 16 defensores del agua y el territorio del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), quienes se oponen a la construcción de una hidroeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en el río Papagayo, Guerrero.

El CECOP se formó en 2003 para defender dicho río de esa empresa, así como del Gobierno Federal y Estatal, quienes pretendían impulsar una hidroeléctrica sin una consulta previa, libre e informada para los habitantes indígenas de la zona afectada; cabe destacar, que los pueblos involucrados también integran a la Policía Comunitaria de ese estado.

Fue 7 de enero del 2018, cuando ocurrió un enfrentamiento entre integrantes de la Policía Comunitaria y sujetos civiles armados, que tuvo como resultado la muerte de 8 personas.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, al día siguiente en un operativo policiaco, se detuvo con violencia a 38 personas de la comunidad La Concepción, se torturó a 8 y ejecutó de manera extrajudicial a tres personas.

“Mientras que las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por las autoridades han permanecido en impunidad, hoy (lunes) inicia el juicio oral contra 16 defensores indígenas que llevan un año y 4 meses privados de libertad, acusados de delitos que no cometieron.”

Criminalización a defensores indígenas

De acuerdo con el Centro, la acusación contra los defensores del CECOP se sustenta únicamente en “pruebas amañadas y recaudadas de manera ilegal, bajo un marco de tortura e incomunicación”.

Es por ello que, para garantizar el debido proceso, dicha pruebas deberían ser invalidadas por el Tribunal judicial y como consecuencia, los integrantes del CECOP deberían ser liberados, aseguró la organización.

Asimismo, acusó que el proceso judicial de los 16 defensores responde a un patrón de criminalización de los activistas indígenas del territorio, y recordó lo que la relatora especial de derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz dijo: “el Estado usa el sistema de justicia penal en contra de los pueblos indígenas cuando defienden sus derechos”.

Tlachinollan solicitó al gobierno federal entablar un diálogo para escuchar a los pueblos originarios en todos los proyectos de desarrollo que los pueden afectar; y reiteró la demanda de liberar a los 16 defensores del CECOP e investigar de manera diligente las violaciones a derechos humanos del 7 de enero del 2018.

Foto propiedad de: Carlos Alberto / Cuartoscuro

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