La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el segundo periodo ordinario de sesiones de este año, en el que afirmó el ministro presidente, Arturo Zaldívar, que no buscan la “popularidad” sino reafirmar su independencia y autonomía con base en sus resoluciones.

Abundó que en una democracia constitucional como la nuestra toca a la Suprema Corte y al Poder Judicial de la Federación guardar el orden constitucional, pues es una elevada función que les exige actuar con responsabilidad y argumentos sólidos tras sus decisiones.

Zaldívar puntualizó que de esa manera se fortalecerá su legitimidad social y política y confirmará su independencia fijada en la Constitución.

“Esta Suprema Corte no debe estar en búsqueda de la popularidad, pero si está obligada a que sus resoluciones sean claras y se comuniquen y expliquen de la manera adecuada a la ciudadanía… estoy cierto de que este tribunal constitucional acreditará… su independencia y autonomía “.

Resolverá cancelación de estancias infantiles

Además de la cancelación del programa de guarderías o estancias infantiles, el ministro presidente detalló que abordarán en este periodo controversias sobre la validez de la Norma Oficial Mexicana respecto al aborto en casos de violación; distribución de participaciones en cuanto al llamado Fondo Minero.

Además, la controversia sobre salud y educación sexual, respecto a la distribución de métodos anticonceptivos en Veracruz; gestación subrogada; diversos puntos relacionados a la Constitución de la Ciudad de México que incluye el uso de la marihuana con fines medicinales, agua, entre otros; alienación parental; y algunos más.

Durante el reporte dado a conocer sobre el periodo de receso, la ministra Yasmín Esquivel informó que se desecharon las controversias interpuestas por los municipios de Tijuana y Mexicali, Baja California, en contra de la reforma para ampliar el periodo del gobernador electo, ello por no haber sido publicadas en el periódico oficial de la entidad.

Además, informó que se admitieron las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional contra la Ley Electoral y de Partidos de Tabasco, referente a la reducción de regidores.