El problema del transporte público de pasajeros en Nuevo León lejos de resolverse sigue creciendo y enfrenta cada vez más carencias y se ha vuelto hasta peligroso que al menos 15 personas han muerto en distintos accidentes y muchos más han resultado heridos, tan solo en lo que va del año y hasta mediados del mes de junio. 

El gobierno ha sido rebasado y se da por vencido porque no sabe cómo solucionarlo. Hay un muerto cada 15 días en accidentes viales en el que participa alguna ruta de camiones.

Los empresarios del transporte vieron reducidas sus ganancias sustancialmente desde el inicio de la pandemia del Covid-19, y los costos para su mantenimiento los obligó a disminuir el número de unidades en operación, incluso rutas, con sus respectivas consecuencias.

Hemos visto recientemente caída de pasajeros de unidades en movimiento, choques por alcance por ir jugando carreritas, paso de semáforos en rojo al irse peleando el pasaje, atropello de peatones, muerte de automovilistas en choques con camiones, asaltos a bordo, no tienen pólizas de seguro,  entre otros incidentes, son parte de las quejas que hay contra el transporte.

Sin contar la frecuencia de paso, pues lo hacen cuando les pega la gana, camiones llenos hasta las escaleras sin respetar los protocolos de salud por la pandemia del coronavirus, y ante este panorama es poco lo que hace el gobierno a través del Instituto de Movilidad, y hasta los municipios se deslindan de cualquier responsabilidad para no hacer nada.

En los últimos meses ha habido lamentables accidentes con fatales consecuencias.

RACHA DE ACCIDENTES FATALES

El amanecer del 11 de marzo se registró un choque explosión de una unidad de la ruta 685 que transportaba personal de una empresa y una pipa con combustible se impactaron en la carretera a Colombia en el municipio de Salinas Victoria que dejó a 12 trabajadores sin vida, incluidos los operadores.

La activista de Únete Pueblo, Rocío Montalvo, cuestionó quien se haría cargo de los daños e indemnizaciones, pues en Nuevo León hay más de mil 200 unidades del transporte no cuentan con alguna póliza de seguro que garantice la reparación de daños materiales

Días después, el 22 de marzo, un hombre murió atropellado en las calles de Porfirio Díaz y Corregidora en el centro de San Nicolás, por un camión de la ruta 1.

En el mes de mayo un pasajero del transporte público cayó de la unidad en movimiento de la ruta Playa en la avenida Eloy Cavazos en el municipio de Guadalupe, donde la víctima fue abandonada por el ruletero que se retiró como si nada.

Días después sobre la avenida Félix U. Gómez un montacarguista murió al ser impactado por un camión urbano a la altura de la calle Camelia, en la colonia Reforma.

El 21 mayo un camión de la Ruta 13 Alianza embistió un automóvil en la avenida Madero y calle Edison en un fuerte accidente donde murió el automovilista.

Un pasajero de un camión murió al golpearse contra los fierros de la estructura de la unidad, cuando esta se impactó.

Más recientemente un camión de personal chocó contra un automóvil en el municipio de Apodaca muriendo en el lugar Leopoldo Briones, un hombre de 40 años.

El fatal accidente ocurrió en la Antigua Carretera a Agua Fría y la calle Morelos, en Agua Fría.

Apenas este viernes 18 de junio entraron en operación nuevas unidades para tres rutas, y ya se presentó un accidente que por fortuna dejó solo daños materiales.

EMPRESAS DEL TRANSPORTE EN CRISIS

Luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendara a los transportistas brindar servicio con todas las unidades, la Asociación de Transporte Público de Pasajeros manifestó la gravedad en la que se encuentra, enfatizando que les es imposible que las rutas urbanas operen al 100 por ciento.

El presidente de la asociación, José Almaraz dijo que ven con grandes dudas e incertidumbre la posición de las autoridades estatales, y acusó a la falta de seriedad e incapacidad para liderar un proyecto de transporte y movilidad.

El Gobierno amagó con expropiar las unidades de la asociación, lo cual podría llevar a cabo cuando prevalezca el deterioro de las condiciones de calidad, seguridad, oportunidad, permanencia y continuidad en la prestación del servicio público de transporte y cuando se interrumpa la prestación del servicio público de transporte, sin causa justificada.

Estas condiciones se dan, pero el Instituto de Movilidad y Accesibilidad no ha actuado.