Sin miramientos, Nuevo León garantizará la protección a los defensores de derechos humanos y periodistas.

El gobernador Samuel García Sepúlveda se convirtió este miércoles en el segundo mandatario estatal en firmar un convenio de coordinación y cooperación para ello con Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos y Migración.

A través de siete puntos de acción o compromisos, se buscará velar por la integridad de ambos sectores de la población agredidos por la ola de violencia que embate al país.

«Nosotros estamos convencidos de que no podemos construir un nuevo Nuevo León, ni un mejor país, sino se garantiza la protección de los derechos fundamentales, nos consideramos un gobierno de libertades», resaltó.

«Este convenio va a buscar reforzar el trabajo que va venimos haciendo con la Federación, me da gusto que seamos el segundo Estado que lo suscribe».

«Soy un convencido de la bandera abierta, proactiva, de defensa de los derechos humanos. Aquí en Nuevo León estamos todos unidos, junto, buscando el cómo sí», aseveró.

Con ello, Nuevo León se compromete a intercambiar información de manera oportuna con la Federación. Además de asesorías y capacitaciones conjuntas por parte de la Coordinación Ejecutiva. Y también de dar seguimiento puntual a las medidas previstas en la ley, para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos.

También, promoverá el estudio, análisis e investigación y desarrollo de estrategias, acciones, sistemas y metodologías que incluyan las mejores prácticas de prevención y protección. Y promoverá la legislación que sea necesaria para mejorar la situación de las personas defensoras.

Además de ejecutar, implementar y dar seguimiento puntual a las medidas preventivas. Y también implementar una política estatal de prevención contra agresores de personas defensoras de derechos humanos. Derechos que, adelantó, serán actualizados en la nueva Constitución que se pretende crear.

«Este gobierno es sujeto a la crítica, al respeto, a la tolerancia. Jamás vamos a intimidar o mucho menos a bloquear el libre periodismo y haremos lo propio con los municipios».

Se estima que de las agresiones a activistas a nivel nacional, entre un 40 y 50 por ciento provienen de autoridades municipales y un 30 por ciento del crimen organizado.