Por Carlos Chavarría
Ahora que deciden aplicar un cargo especial para los consumos de agua, como si fuera algo nuevo, está claro que la administración del abasto del vital liquido esta muy desarticulada; habida cuenta de que hace mucho que ya se opera con tarifas diferenciadas por el consumo (¿?).
Suena tardío y provocador el querer resolver un problema que se viene gestando desde que se provocó la explosión del espacio urbano, con una medida de precios para un sector de la sociedad, cuando al mismo tiempo, se hace caso omiso del supuesto de que el consejo de administración de Agua y Drenaje de Monterrey, de nada se dieron cuenta por tantos años.
Es toda un área de la ciencia económica, el estudio y determinación de las políticas de precios aplicables a los llamados “servicios públicos”, como son aquellos productos y servicios que pueden producirse por quien sea pero son comercializados por el gobierno o sujetos al control oficial de sus precios.
Existen servicios, como el de agua, drenaje y alcantarillado, que son administrados directamente por entidades de propiedad publica, cuyo costo marginal es muy bajo pero con costos muy altos de capital; y de ahí surge, la mayoría de la veces, la idea de que el precio en sí del agua se use como instrumento para reducir su consumo y así sortear los periodos de seca o de conflicto en el abastecimiento, como es el caso del Area Metropolitana de Monterrey.
La teoría sería perfecta si existiera una elasticidad en la demanda, tal, que para un cierto nivel de precios se podría dar una reducción sensible en el consumo. El asunto no es tan simple debido a la condición monopolista de las empresas dedicadas a prestar el servicio público, y de que una vez operando la red, no es tan simple medir el beneficio global de que un segmento del mercado se adaptará al nuevo nivel de precios, habida cuenta de la condición irrenunciable del agua misma y de que no existe substituto alguno.
En el mismo sentido, sería muy racional usar al precio como mecanismo para que el consumo se redujera, solo en el caso de que el precio actual no escondiera costos sombra transferidos a los hogares por mala administración, pues de otro modo el desperdicio está no en el usuario final sino en la operación del servicio.
El servicio de agua padece el mismo destino de otros que han surgido en respuesta al crecimiento desordenado del área urbana donde por cada nueva toma o punto de consumo el gobierno debe invertir cada vez mas en su surtimiento.
En tal caso es mas racional buscar un mecanismo para que el sistema general de precios registre la ineficiencias en la decisión de crecimiento o expansión urbana y que sea el consumo general el que incorpore en todos los productos o servicios, el aumento del costo marginal de abastecer el agua y no solo el de los hogares.
Insistir en que sean solo los hogares sean los que carguen con los costos derivados por desajustes en la planificación regional del abasto del agua, no solo no conducirá al objetivo deseado, sino que profundizará el problema.
Si se piensa aplicar los costos marginales como base para determinar los precios –que sería lo racional- entonces deben los precios y costos hacerse públicos, así como los gastos generales y de inversión para guiar una correcta forma de consumo.
Además no debemos olvidar que la administración de Jaime Rodríguez Calderón se dedicó a financiarse a partir de los servicios de Agua y Drenaje, por lo tanto, los precios de este servicio están deformados y muy seguro alejados de cualquier realidad o futuro previsible.
