Por Carlos Chavarría
Todos los arrogantes que han creído que es posible resolver los problemas de la justicia distributiva quitándoles a unos para darle a otros, y a partir de ese solo puntal hacer girar a todo el Estado y la nación, fracasan debido a las enormes distorsiones que van causando en todo el proceso productivo y social.
A los seres humanos claro que nos interesa el futuro, y por supuesto aspiramos a que sea mejor. Es parte de nuestra naturaleza el tratar de aproximar hacia donde se moverán las tendencias para insertar nuestra acción individual en aras de lograr la máxima satisfacción por nuestros esfuerzos.
La dinámica de los entornos que nos envuelven, el personal o individual, nacional y mundial, va creando escenarios plausibles y ese es el punto de partida para confrontar y ajustar la suma de medios que usaremos para desarrollarnos y cumplir nuestras metas.
La pandemia de COVID nos da una muestra de los efectos que tienen las perturbaciones causadas por una circunstancia que nos enfrenta a nuevos mundos posibles que conforman nuevos estados hacia los cuales puede evolucionar todo. Nada más por ese hecho deberíamos concentrar nuestra energía en crear las condiciones para recuperar la estabilidad perdida, olvidándonos por el momento de la politiquería para mejores tiempos.
No podemos controlarlo todo y a todos, intentarlo es fútil, es por eso que formulamos un modelo de mundo en el cual desenvolvernos y esperamos al menos que todos asumamos el mismo punto de inicio para el futuro. Ese modelo fue plasmado en la Constitución y las leyes que son las reglas del juego parejas para todos.
Pero, ¿qué ocurre cuando desde la cúspide del poder público se pretende romper y hacer un lado todas las reglas escritas para alcanzar propósitos que solo se revelan a unos cuantos? La respuesta es simple, ya no será posible prever la dirección en la que nos lleva el entorno y se detiene la toma de riesgos individuales, que es la que permite producir a un país y, así, no habrá más que distribuir sino costos.
Tenemos ya cuatro años de una administración que tiene como único proyecto consolidar el poder de una sola persona y moviéndose en los linderos de conflicto y el caos en la mayoría de sus decisiones y cuya bandera exclusiva son los programas sociales que no buscan precisamente el progreso sino multiplicar los dependientes directos de la dádivas del presupuesto público.
Baste de muestra que la inversión extranjera directa (IED) en nuevos proyectos se detuvo a partir de 2018 [https://www.inegi.org.mx/programas/ifb/2013/#Tabulados] y eso por sí solo indica la preocupación de una parte del entorno, el de los inversionistas extranjeros, que no encuentran con claridad un mundo posible para ellos en el futuro de México.
La ruptura del orden legal que incentiva y promueve la Presidencia y que su muestra más obvia es el descarado e ilegal gasto público en el “acarreo” de miles de beneficiarios de sus programas sociales, así como empleados del gobierno, ya nos metió de lleno en un enjambre de mundos posibles, donde en ninguno de ellos surge nada positivo.
Ya es demasiado a la vista de todos como para no comprender que el Presidente no cederá el poder a la oposición y a nadie que no sea su “elegida(o)”. Ahora de plano estamos ante la incertidumbre total porque son terrenos fuera de todo acuerdo histórico consensuado y negociado.
Ni en el viejo PRI eran tan obcecados como para no darse cuenta de que todo tiene un límite. Hasta el poder presidencial siempre estará limitado por las crisis económicas y sociales que pueden causar y que se revertirían contra sus propósitos de hacerse y mantenerse en el poder.
Con su marcha ilegal pretende mostrar que la sociedad civil no existe, y solo requiere para sostener el país y el poder, de aquellos que son sus clientes sometidos por la migajas que le quita a la primera. Así de absurdo.
